El debate sobre una eventual reforma electoral en México encendió alertas entre académicos, juristas y organismos especializados, quienes advirtieron que cualquier modificación al sistema vigente debe realizarse con apego a estándares internacionales y sin retrocesos democráticos.
Así lo señalaron el Rule of Law Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU Law), La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Laboratorio Electoral y la Fundación Konrad Adenauer México, al presentar un informe conjunto sobre el tema.
Reforma electoral bajo estándares internacionales
El reporte, titulado “Estándares internacionales orientadores para la próxima reforma electoral en México”, analiza las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia democrática y electoral.
El documento surge luego de que, en agosto de 2025, el Ejecutivo federal anunciara su intención de impulsar una nueva reforma constitucional en la materia.
Los especialistas recordaron que este anuncio ocurre después de los intentos fallidos del anterior gobierno para modificar el sistema electoral mediante el llamado Plan A y Plan B, iniciativas que fueron cuestionadas por organismos nacionales e internacionales al considerar que debilitaban los contrapesos institucionales.
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Riesgos para la integridad democrática
De acuerdo con el análisis, existe preocupación de que una nueva reforma busque socavar la integridad de las elecciones y afectar la pluralidad política.
Los expertos subrayaron que el actual modelo electoral fue diseñado precisamente para romper con décadas de hegemonía partidista y garantizar comicios auténticamente competitivos.
En ese contexto, destacaron el papel del Instituto Nacional Electoral (INE) como una autoridad autónoma clave para asegurar procesos electorales libres, equitativos y confiables, reconocida incluso a nivel internacional por su eficacia e independencia.
Recomendaciones clave de los especialistas
Entre las principales recomendaciones del informe se encuentra preservar el principio de no regresividad, es decir, evitar reformas que representen un retroceso frente a los avances democráticos alcanzados.
También se plantea mantener el sistema de representación proporcional, incluidos los legisladores plurinominales, así como los límites a la sobrerrepresentación.
Otro punto central es garantizar la preeminencia del financiamiento público a los partidos políticos, con el objetivo de evitar la captura de la política por intereses económicos o ilícitos.
Asimismo, se subraya la importancia de proteger la independencia de las autoridades electorales, fortalecer el federalismo electoral y conservar las atribuciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Finalmente, los organismos llamaron a ampliar progresivamente las modalidades de voto, como el sufragio anticipado, el voto en prisión preventiva y el voto electrónico, siempre bajo condiciones de seguridad y certeza jurídica.
Las organizaciones coincidieron en que una reforma electoral de esta magnitud debe construirse con consenso, pluralidad y visión de Estado, para fortalecer —y no debilitar— la democracia mexicana.
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