La Fiscalía General de la República (FGR) defendió el manejo forense del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un predio vinculado a desapariciones y actividades del crimen organizado, tras permitir el acceso de colectivos de búsqueda en medio de crecientes exigencias de mayor apertura en las investigaciones.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que el pasado 10 de abril integrantes de colectivos acudieron al sitio con autorización judicial y bajo supervisión oficial, como parte de una diligencia previamente establecida.
Colectivos acceden al predio bajo supervisión oficial
De acuerdo con la FGR, la visita se llevó a cabo en calidad de observación, lo que significa que las personas participantes no realizaron acciones directas de búsqueda ni prospección de nuevos indicios.
“Se brindó información sobre las áreas previamente procesadas”, explicó el funcionario, al precisar que las labores en campo continúan a cargo de especialistas forenses.
El Rancho Izaguirre es investigado desde marzo de 2025, luego de que autoridades federales detectaran su presunto uso por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como centro de operaciones.
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Indicios y hallazgos bajo análisis pericial
En el lugar se han localizado múltiples objetos personales, entre ellos prendas de vestir, que podrían estar relacionados con personas desaparecidas. Estos elementos son analizados por el Centro Federal Pericial Forense (CFPF), mientras peritos mantienen trabajos constantes en la zona.
Sin embargo, colectivos como Guerreros Buscadores han señalado que, incluso tras meses de intervención oficial, continúan encontrando restos y evidencias en áreas cercanas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las investigaciones.
Cabe recordar que en marzo de 2025, este mismo colectivo reportó el hallazgo de alrededor de mil 800 indicios en el sitio, lo que llevó a calificar el predio como un posible espacio utilizado para actividades criminales de alto impacto.
Un caso que refleja la crisis de desapariciones en México
El caso del Rancho Izaguirre se inserta en un contexto nacional marcado por la crisis de personas desaparecidas. De acuerdo con cifras oficiales, México supera los 133 mil casos registrados, lo que ha encendido alertas tanto a nivel nacional como internacional.
Organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU han puesto atención en la situación del país, al señalar posibles patrones preocupantes en estos delitos.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano ha rechazado algunas de estas posturas, al considerarlas parciales, aunque mantiene en curso investigaciones en distintos puntos del país.
La evolución del caso en Jalisco será clave para medir la respuesta institucional ante una de las problemáticas más sensibles en materia de derechos humanos en México.
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