La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, al considerar que presenta un enfoque parcial y no incorpora la información actualizada entregada por el Estado mexicano.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la dependencia sostuvo que el documento no coincide con la definición de desaparición forzada del propio Comité ni con los avances institucionales alcanzados en el país desde 2019, con énfasis en las reformas implementadas a partir de 2025.
Señalan que el informe no refleja la realidad actual
La SRE explicó que el mecanismo de la Convención Internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones forzadas son sistemáticas y atribuibles al Estado, lo que, afirmó, no corresponde al caso de México en la actualidad.
Asimismo, indicó que el informe se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante administraciones anteriores, y en un número limitado de entidades, lo que —a su juicio— genera una visión incompleta del panorama nacional.
También criticó que el Comité no haya considerado los datos y análisis presentados por el Gobierno el pasado 27 de marzo antes de emitir su resolución.
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El propio Comité descarta política sistemática
De acuerdo con la SRE, el mismo informe reconoce que no existen indicios de una política generalizada o sistemática de desapariciones forzadas por parte del Estado mexicano, lo que refuerza la postura oficial sobre la diferencia entre el contexto actual y el de años previos.
Cuestionan rigor jurídico y posibles conflictos
La dependencia federal también señaló deficiencias en la argumentación jurídica del Comité, incluyendo interpretaciones sobre el Estatuto de Roma.
Además, mencionó posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes, al señalar vínculos con organizaciones que han promovido denuncias contra el Estado mexicano.
Destacan reformas y acciones institucionales
El Gobierno mexicano defendió las reformas aprobadas en julio de 2025, resultado de un proceso con participación de colectivos de familiares.
Entre las medidas destacan la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda.
También se incluyeron nuevas plataformas de identificación, fiscalías especializadas y mecanismos de coordinación entre autoridades federales y estatales.
México mantiene cooperación internacional
La SRE reiteró que México mantiene una política de colaboración con organismos internacionales, reconocida incluso por instancias de derechos humanos de la ONU.
No obstante, subrayó que dicha cooperación debe basarse en diagnósticos objetivos y acordes con la realidad actual del país.
Finalmente, el Gobierno reafirmó su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas, la identificación de víctimas y el acceso a la justicia para sus familias.
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