Durante décadas, el río Tijuana ha sido una metáfora incómoda de la relación fronteriza entre México y Estados Unidos: una corriente que no reconoce límites geográficos, pero sí exhibe asimetrías, omisiones y responsabilidades postergadas.
Aguas residuales sin tratar, sedimentos y una infraestructura desbordada han afectado de manera directa la salud pública, el medio ambiente y la vida cotidiana de comunidades tanto en Baja California como en California. Este 15 de diciembre de 2025, la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, anunció la firma del Acta 333 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), titulada “Acciones integrales para abordar el problema de saneamiento fronterizo en Tijuana, Baja California – San Diego, California”.
El acuerdo, firmado en la ciudad de Tijuana y ya en vigor, establece una ruta clara de cooperación binacional para atender de manera integral, estructural y de largo plazo una problemática histórica que durante años fue tratada con parches. El anuncio de la Cancillería es relevante porque rompe con una narrativa que durante mucho tiempo colocó el saneamiento fronterizo como una carga unilateral para México.
El acuerdo reconoce explícitamente que la contaminación del río Tijuana y sus descargas al océano Pacífico constituyen un problema compartido, que requiere corresponsabilidad técnica, financiera y de gobernanza.
Especialistas en gestión hídrica fronteriza han insistido durante años en que el problema no era la falta de diagnósticos, sino la ausencia de decisiones políticas de fondo. Roberto Salmón Castillo, experto en temas binacionales del agua, ha señalado que la región vivió por décadas bajo una lógica reactiva: se atendían emergencias, pero no se corregía la raíz del problema. El Acta 333, al menos en su diseño, apuesta por una planeación hídrica integral que busca anticipar el crecimiento urbano y evitar crisis recurrentes. Uno de los elementos centrales del acuerdo, subrayado en el comunicado de la SRE, es que Estados Unidos asumirá corresponsabilidad financiera a través del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), no solo para la construcción de nueva infraestructura de tratamiento y control de sedimentos en Tijuana, sino para garantizar su operación y mantenimiento a largo plazo.
Este punto resulta clave, pues muchas obras ambientales han fracasado precisamente por la falta de recursos sostenidos una vez inauguradas. Desde la perspectiva de la salud pública, el impacto del saneamiento va más allá del discurso ambiental. Mariana López Arellano, investigadora en salud ambiental, ha documentado cómo las descargas de aguas residuales no tratadas se traducen en mayores riesgos de enfermedades gastrointestinales, dermatológicas y respiratorias, especialmente en poblaciones vulnerables. Reducir estos flujos no es solo una mejora ecológica: es una política preventiva que incide directamente en la calidad de vida.
El acuerdo también contempla la elaboración de un plan maestro hídrico y estudios técnicos integrales que permitirán pensar la región con una visión de largo plazo.
Para Alfonso Cortez Lara, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, uno de los errores históricos fue permitir el crecimiento urbano sin una planeación del agua acorde a la realidad fronteriza. “Planear ciudades sin planear el saneamiento es sembrar la próxima crisis”, ha advertido en distintos foros.
El Acta 333 da continuidad al Memorando de Entendimiento firmado el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México entre la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, fortaleciendo el marco de cooperación técnica e institucional entre ambos países. En un contexto bilateral marcado por tensiones comerciales, migratorias y de seguridad, este acuerdo ambiental adquiere un peso político adicional.
Para analistas en cooperación internacional, el saneamiento fronterizo representa una de las pocas agendas donde la relación México-Estados Unidos puede avanzar desde la corresponsabilidad y no desde la imposición. La frontera suele ser abordada desde la lógica del control; el agua recuerda que la interdependencia es un hecho material, no un discurso. El desafío, sin embargo, no está en la firma ni en el comunicado oficial, sino en la ejecución. La historia ambiental de la frontera está llena de compromisos que quedaron atrapados en la burocracia o diluidos por cambios políticos. Que el Acta 333 se traduzca en obras, mantenimiento y gobernanza efectiva será la verdadera prueba de este acuerdo.
Si se cumple, el saneamiento del río Tijuana no solo reducirá descargas contaminantes y mejorará las condiciones sanitarias. Enviará un mensaje político claro: que los problemas compartidos exigen soluciones compartidas, y que la soberanía también se ejerce cuando se protege el territorio, el agua y la salud de la población. Porque el agua no entiende de fronteras, pero sí de decisiones. Y esta vez, al menos en el papel y en la intención política expresada por la Cancillería, la decisión apunta a empezar a saldar una deuda histórica.
