La violencia política en México cobró una nueva víctima el pasado domingo, cuando la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Lilia Gema García Soto, fue asesinada a balazos dentro del palacio municipal de la localidad oaxaqueña.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), al menos cinco personas participaron en el ataque, desplazándose en dos motocicletas y utilizando armas de grueso calibre para disparar en al menos 60 ocasiones contra la edil y otro funcionario municipal, quien también perdió la vida en el acto.
El fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló en conferencia de prensa que, aunque no existían antecedentes de amenazas directas contra García Soto, sí se habían presentado denuncias previas relacionadas con:
- Posibles desvíos de recursos
- Robo a la tesorería
- Cobro de cuotas por tránsito de madera
- Falsificación de documentos
- Conflictos político-sociales derivados de la reciente elección municipal
Estas situaciones constituyen las principales líneas de investigación abiertas por las autoridades.
Rodríguez Alamilla enfatizó que, apenas un mes antes del crimen, la Fiscalía se había reunido con García Soto para dar seguimiento a denuncias, pero el municipio no figuraba como una zona de alta incidencia delictiva ni con presencia de grupos criminales organizados.
Tras el ataque, fuerzas federales y estatales, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desplegaron un operativo de seguridad en la región para dar con los responsables y evitar una escalada de violencia.
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, condenó enérgicamente el asesinato y prometió que no habrá impunidad, comprometiéndose a esclarecer el caso y brindar justicia a las víctimas.
El contexto nacional es alarmante: en lo que va de 2025, la organización civil Data Cívica ha documentado al menos 136 asesinatos de funcionarios públicos o aspirantes a cargos de elección en México, de un total de 246 ataques registrados. Oaxaca se posiciona como el cuarto estado con más agresiones, solo detrás de Sinaloa, Guerrero y Veracruz.
Entre 2018 y 2025, se han contabilizado dos mil 410 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra actores políticos y gubernamentales en el país.