El Gobierno de Colombia reveló que los once colombianos capturados en Michoacán por la explosión de una mina artesanal que cobró la vida de ocho militares mexicanos tuvieron, “en el pasado”, relación con las Fuerzas Militares de ese país.
La Cancillería añadió que brindará asistencia consular para garantizar sus derechos procesales y humanitarios, al tiempo que lamentó el impacto que estos hechos generan en la percepción de los miles de colombianos que viajan a México con fines turísticos o académicos.
La detención ocurrió el 30 de mayo durante un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio de Los Reyes, limítrofe con Jalisco.
En la llamada “casa de seguridad” fueron aprehendidos 17 presuntos sicarios —11 o 12 de ellos colombianos según reportes locales— y decomisados insumos para fabricar minas antipersonales, tres armas de fuego, cargadores y munición.
De acuerdo con fuentes castrenses, los implicados integraban una célula al servicio del Cártel de Los Reyes, organización surgida hace una década como escisión de los grupos de autodefensa que enfrentaron a Los Caballeros Templarios.
La investigación apunta a que los extranjeros fueron contratados como mercenarios para adiestrar a sicarios mexicanos en la elaboración de artefactos explosivos de fabricación casera.
Mercenarios colombianos: un fenómeno global creciente
La participación de exmilitares de Colombia en conflictos fuera de su territorio no es nueva. Expertos recuerdan el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, perpetrado por un comando donde figuraban 26 colombianos —18 capturados y tres abatidos—, así como su presencia en zonas de guerra de Oriente Medio y África.
La oferta de entrenamiento especializado y la falta de oportunidades laborales en su país facilitan su contratación por redes criminales y empresas de seguridad privada.
Próximos pasos legales
Los 17 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y podrían enfrentar cargos por homicidio calificado, delincuencia organizada, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y uso de explosivos.
Autoridades mexicanas evalúan solicitar colaboración de INTERPOL para verificar trayectorias militares y posibles antecedentes en Colombia, mientras el Ejército refuerza patrullajes en la región ante el riesgo de dispositivos explosivos remanentes.
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