El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de participar en un esquema de fraude de tiempos compartidos que operaba en Puerto Vallarta, Jalisco, considerado un bastión estratégico del grupo criminal.
De acuerdo con las autoridades, el CJNG tomó el control de estas estafas a partir de 2012, dirigiendo sus operaciones principalmente contra ciudadanos estadounidenses, en especial adultos mayores propietarios de tiempos compartidos.
El fraude se llevaba a cabo mediante llamadas en inglés y con información obtenida en complicidad con empleados de complejos turísticos.
Modus operandi
Las víctimas eran convencidas de pagar “cuotas” e “impuestos” por adelantado para supuestas reventas, realquileres o inversiones de sus propiedades vacacionales.
El dinero nunca llegaba y, en muchos casos, se solicitaban pagos adicionales para “finalizar” las transacciones.
Noticia Destacada
Presidenta Sheinbaum defiende extradiciones de criminales a EU: “Son decisiones soberanas por seguridad nacional”
En ocasiones, los responsables se hacían pasar por abogados o funcionarios del Gobierno de Estadis Unidos para exigir más dinero con el pretexto de liberar fondos o evitar procesos legales.
Según el FBI, entre 2019 y 2023, cerca de 6 mil estadounidenses perdieron 300 millones de dólares por fraudes de este tipo en México.
Personas y empresas sancionadas
Entre los sancionados se encuentran tres miembros de alto rango del CJNG: Julio César Montero Pinzón, alias “Montero”; Carlos Andrés Rivera Varela, alias “Rivera”; y Francisco Javier Gudiño Haro, alias “Gudiño”, además del empresario Michael Ibarra Díaz Jr., alias “Ibarra”.
Las empresas bloqueadas incluyen Akali Realtors, Centro Mediador de la Costa, Sunmex Travel, Servicios Inmobiliarios Ibadi, Santamaria Cruise, entre otras.
Alcance de las sanciones
Las medidas implican el bloqueo de bienes e intereses de los implicados en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país.
Cualquier empresa propiedad de los sancionados también queda bloqueada, y el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
IO
