El municipio de Tequila, Jalisco, quedó en el centro del debate nacional luego de la detención de su presidente municipal, Diego Rivera Navarro, en un operativo coordinado por autoridades federales.
De acuerdo con líneas de investigación, la indagatoria sostiene que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría impulsado su llegada al cargo mediante financiamiento de campaña y presiones violentas para despejar la contienda.
En ese mismo reporte se señala a Juan Manuel Pérez Sosa —quien hasta el día de las capturas se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal— como el presunto vínculo entre el alcalde y el grupo criminal.
La hipótesis bajo investigación sostiene que, además del apoyo político, el esquema habría derivado en extorsiones a empresarios ya desde el ejercicio de gobierno, con cobros y cierres de negocios como mecanismo de presión.
Quiénes fueron detenidos y cómo fue el operativo
Según la información difundida, los despliegues involucraron a fuerzas federales: la Secretaría de Marina encabezó detenciones y cateos, mientras que la captura del alcalde se realizó con participación de la Secretaría de Seguridad federal en coordinación con la Defensa.
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Jalisco toma control de la seguridad en Tequila tras la detención del alcalde Diego Rivera por “Operación Enjambre”
El operativo incluyó cateos a cuatro domicilios y la intervención del Grupo UNO, adscrito a la SSPC.
Además del alcalde y del mando de Seguridad Pública, se reporta la detención de funcionarios del primer círculo de confianza, entre ellos perfiles ligados a tesorería, padrón y licencias, catastro y jefatura de gabinete, así como un presunto intermediario del CJNG identificado como “El Rey Mago”.
Denuncias previas: empresarios, cobros y presión política
El caso se alimenta, de acuerdo con el mismo reporte, por testimonios de víctimas y denuncias de sectores económicos locales. En el historial reciente aparecen señalamientos por presuntos cobros irregulares, conflictos con compañías tequileras y quejas administrativas que escalaron a instancias ministeriales.
También se menciona que el gobierno estatal asumió el control de la seguridad municipal y advirtió una revisión administrativa a la comisaría para verificar licencias y armamento.
Reacciones políticas: “ni pactos ni impunidad”
Tras la detención, dirigentes de Morena fijaron postura pública en la línea de que no debe haber protección partidista para funcionarios acusados de delitos. En paralelo, autoridades estatales anticiparon nuevas acciones de seguridad y coordinación con el gobierno federal para estabilizar el municipio.
El mensaje de fondo, en el plano político, busca instalar una señal de “cero impunidad” en el marco del Operativo Enjambre: cuando existen denuncias con sustento, las investigaciones avanzan y las responsabilidades se dirimen en tribunales, con debido proceso.
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