El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que fue detenido Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, como parte de acciones de seguimiento a la “Operación Enjambre”.
De acuerdo con el mensaje difundido por el funcionario federal en redes sociales, el operativo se realizó tras denuncias ciudadanas y con participación coordinada de dependencias federales de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
Además del alcalde, también fueron detenidos tres servidores públicos del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas, según el reporte atribuido a la SSPC.
Operativo coordinado: qué autoridades participaron
La información difundida señala que en la captura participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Las autoridades no detallaron públicamente, en ese primer reporte, los cargos específicos o el estatus procesal de los detenidos; en estos casos, las imputaciones suelen precisarse conforme avanzan las diligencias ministeriales y judiciales.
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Qué es la “Operación Enjambre” y por qué se vincula con gobiernos municipales
De acuerdo con reportes oficiales y periodísticos previos, la “Operación Enjambre” inició en noviembre de 2024 y ha estado enfocada en investigar y detener a servidores públicos municipales presuntamente vinculados con redes delictivas, particularmente en el Estado de México.
Harfuch ha señalado que, a la fecha, el operativo acumula decenas de detenidos y sentencias derivadas de esos casos.
Qué sigue tras la detención
Con la detención confirmada, el siguiente paso queda en manos del Ministerio Público y de la autoridad judicial: integración de la carpeta, audiencias iniciales y definición de medidas cautelares, respetando la presunción de inocencia.
Mientras tanto, el anuncio coloca de nuevo en la agenda el foco sobre denuncias por presuntas prácticas ilícitas en gobiernos locales y la coordinación federal para intervenir cuando los señalamientos escalan a posibles delitos.
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