Gabriel Zapata Bello*
El Derecho, no sólo como sistema de normas y reglas, sino en un sentido más amplio, que incluye la Jurisprudencia, los principios jurídicos, las instituciones jurídicas y la doctrina, ha evolucionado y ha superado el positivismo jurídico, aquella teoría que se nos enseñó por más de 150 años en las escuelas y facultades de Derecho mexicanas consistente en que para entender, explicar y resolver los fenómenos legales y los conflictos sólo existía un Derecho, el Positivo, compuesto por aquellas leyes escritas que el legislador promulgó. En esta tradición, el buen juez cumplía su labor humillando su razón ante el dictado de la letra de la Ley.
Basarse en la Ley como una categoría absoluta del Derecho, sirvió como sustento a gobiernos y movimientos políticos y militares para promover las barbaries más inmorales en nombre de la Ley: los nazis en Alemania, los crímenes cometidos en contra de disidentes políticos en Latinoamérica, las terribles torturas a detenidos iraquíes en Guantánamo, son muestras históricas de una distorsión del propósito de las normas jurídicas.
Afortunadamente la evolución del Derecho no se ha detenido y en las dos últimas décadas hemos recepcionado en México una tradición jurídica anglosajona, el activismo judicial, en la cual el magistrado o el juez no se ciñen únicamente a los dictados de la Ley, sino que incorporan en su constructo legal (sentencia) sus razonamientos así como los principios éticos y humanos que inspiran al Derecho, para resolver con justicia.
Decían los romanos: “pro iure quamvis contra legem”, por el Derecho aunque sea contra la Ley. Esta es la clave de las grandes revoluciones justas que ha hecho la humanidad en su devenir histórico. Una expresión muy antigua que, sin embargo, se torna cada vez más presente en la vida cotidiana, la cual, en palabras populares, expresa que se haga justicia incluso en contra de lo que diga la Ley.
Me vino al recuerdo dicho apotegma romano en días recientes en que el Presidente López Obrador dirime con los legisladores y partidos de oposición sobre un acto administrativo –memorándum- en el que instruye a sus secretarios modificar los efectos y ciertas disposiciones de la reforma educativa previstos en la ley máxima de nuestro país; dijo el Presidente: “En la Constitución se establece que debe haber Justicia. Si tengo que optar entre Justicia y Ley, opto por la Justicia” (Por Esto!, Me decido por la Justicia, 18 de abril de 2019). López Obrador alarmó a los guardianes de la letra de la Ley, pero les señaló la vía para dirimir la controversia: “…si consideran que no tiene valor pues hay tribunales.” (Idem)
Hace treinta años escuché esa breve sentencia “por el Derecho aunque sea contra la Ley” de un antiguo juslaboralista brasileño que recibía un honoris causa en la Universidad Nacional Autónoma de México y quien, como agradecimiento, en lugar de dictar una densa conferencia sobre Derecho laboral, prefirió dar una amena charla a los estudiantes que estábamos ahí reunidos, en la cual nos reiteró la convicción de que el Derecho es el único camino por el cual la sociedad contemporánea podrá llegar a los reinos de la concordia, del progreso y de la paz. (Russomano, Cuatro consejos a los jóvenes, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1989).
Y vino finalmente el mejor consejo para los letristas de la Ley: “No sean únicamente juristas. En este consejo va algo de Máximo Gorki, cuando habló de la ciencia y de la democracia. Porque el jurista que es solamente jurista, en verdad no llega a ser verdadero jurista. (Idem)
*Doctor en Derecho, UNAM; Profesor-Investigador de Política Comparada, Universidad Modelo.