Jorge Lara Rivera
Al servicio del neocoloniaje y del capitalismo transnacional golpistas y mercenarios genéricos intercambiables Juan Guaidó, Hernesto Capriles y Leopoldo López y Lilian Tintori están de plácemes. Mediante una orden ejecutiva el lunes 5 de agosto, Donald Trump se las ingenió para legalizar el despojo que desde hace meses viene realizando contra Venezuela al embargar todos los bienes (inclusive embajada y consulados) del gobierno suramericano en Estados Unidos, pretextando que ello acabará con la “continua usurpación del poder” del presidente Nicolás Maduro Moro y pondrá fin a los “abusos de los derechos humanos” que atribuye a ese régimen –como si su gobierno tuviera alguna autoridad moral para ello tal espejo de virtud y sus propios personales pronunciamientos racistas no alentaran los crímenes de odio como recientemente ejemplificaran Texas, Ohio, Illinois, etc. La cosa parece pintar mal para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: los delegados de la Alta Comisión para Derechos Humanos de la ONU que Michelle Bachelet dejó encargados del seguimiento de su infamante informe sobre Venezuela han hechos las maletas y desertado.
El régimen de Caracas, por su parte, ha caído en la trampa de Washington que socava cualquier intento de reconciliación nacional entre gobierno y oposición como los diálogos en Oslo y Barbados que cuentan con respaldo de la comunidad internacional, y esta semana decidió no volver a la isla. Entre tanto el consejero de Seguridad del régimen trumpista en la Casa Blanca celebra advirtiendo que “el tiempo de las negociaciones terminó” y que “es tiempo de pasar a la acción” intervencionista abiertamente y armada quiere decir.
Estados Unidos nunca aceptó la nacionalización del petróleo llevada al cabo por el chavismo. Pero sus anteriores amagos de corte económico estaban principalmente destinados a funcionarios del gobierno, militares de alto rango y a varias industrias estratégicas del país en los rubros de oro, finanzas, gas y exportaciones. Dirigida contra cualquiera –persona física o moral– fuera de Venezuela que negocie directa o indirectamente con el gobierno venezolano, la nueva sanción ha sido denunciada por la república bolivariana ante la ONU por su alcance y afectación social contra el pueblo, destinados a crear animadversión, desabasto y consecuentes disturbios contra el gobierno.
Con todo tal vez sea demasiado pronto para el festejo. Analistas expertos consideran que por sí solo el embargo no provocará la caída del régimen. Casi 60 gobiernos hicieron comparsa a Estados Unidos reconociendo a su títere Juan Guaidó como “presidente” pero ni siquiera en América consiguió mayoría pese a los trucos de la OEA y a la sucia maniobra de la llamada ‘asamblea legislativa’ –cuyo período expiró hace 2 años y se sigue arrogando la representación del pueblo venezolano– para reintegrarse al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y justificar legalmente la invasión; y grandes potencias nucleares, económicas y con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, como Rusia y China siguen apoyando al gobierno constituido. La primera ve en él un socio geopolítico estratégico en el hemisferio, y a un aliado clave para encarar a EEUU en él. Pekín tiene importantes inversiones e interés en los recursos naturales (oro, petróleo, minerales, etc.) de Venezuela que precisa.
Por otra parte, si bien el ‘embargo’ (económico, de armas, de aislamiento diplomático) se usa en la diplomacia como instrumento de coerción para inducir a malos gobiernos y sus elites a modificar su conducta interna o exterior, la quiebra de la economía venezolana hace extemporánea la medida de Washington y discutible su eficacia, pues los ricos y los enriquecidos por corrupción en Venezuela han sacado sus capitales desde 2014 y los han fincado en el extranjero, principalmente inversiones inmobiliarias en Europa.
A diferencia de lo ocurrido con Cuba (tras 57 años del cerco estadounidense conmemora este año el LX aniversario de su Revolución), la medida con ser severa no es total, pues no afecta al sector privado venezolano en sus intercambios de importación y exportación, ni a las remesas desde el extranjero cuya moneda franca es el dólar, lo que mantiene un flujo de efectivo suficiente para mantener a flote la maltrecha economía del país. Así los mayores daños serán resentidos por los pobres (90% de la población de acuerdo a cifras de la ONU) pues quien posee ahorros o recibe dólares de remesas sobrellevan la crisis comprando (alimentos, medicinas, combustible para sus vehículos) e intercambiando bienes. Esa mayoría depende de programas de entrega mensual de básicos subsidiados por el gobierno, por lo que si éste se queda sin dinero, padecerán hambre. Estados Unidos será el culpable.