En el actual estado de cosas, cuando se ha corroborado que, 80 años después, las pautas o reglas para la reconstrucción del orden político, económico y financiero internacional con base en la ONU, acordadas por las potencias de entonces (las mismas de hoy), Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña, China y Francia, necesitan ser actualizadas porque han resultado ineficaces o han sido subvertidas, es obvio que se requiere una nueva institucionalidad.
La ventaja es que ahora no hay que comenzar de cero. Según los reiterados pronunciamientos de los líderes del momento, las bases de la Carta de la ONU: Igualdad soberana de los estados. Respeto a la independencia, la soberanía nacional, la autodeterminación y la integridad territorial de los estados y la solución pacífica de los conflictos, aunque han sido reiteradamente burlados, en tanto que preceptos, están vigentes.
También lo está el principio de que la organización debe contar con un órgano ejecutivo con funciones análogas a las que ahora desempeña el Consejo de Seguridad. Igualmente, se concuerda en la vigencia de los criterios que condujeron a la inclusión del Capítulo VII de la Carta, según el cual, la ONU debe disponer de atribuciones ejecutivas y de fuerzas militares para imponer la paz.
La conclusión es que el mundo necesita la ONU, pero tal y como está hoy, no le sirve. La guerra entre Rusia y Ucrania, así como la confrontación entre cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, cuya unanimidad se requiere para ventilar los más importantes asuntos internacionales, en particular los asociados al mantenimiento de la paz y la seguridad colectiva, indican la urgencia de introducir reformas en la Carta de la ONU, la estructura y las atribuciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad.
Entre los temas de mayor complejidad figuran la composición del Consejo de Seguridad, en particular la diferenciación entre los miembros permanentes y los eventuales. Particular importancia tiene resolver el modo como se ejerce la llamada cláusula de unanimidad, según la cual, para resolver los asuntos, asociados a la paz y la seguridad internacionales, se requiere el acuerdo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de donde surge la potestad de sus miembros de vetar las decisiones.
Probablemente en asuntos tan sensibles como, ante actuaciones negativas que pongan en peligro la paz o la seguridad internacionales, acudir a las sanciones, incluso usar la fuerza militar contra algunos estados, la exigencia de unanimidad o de mayorías calificadas, no es una mala idea.
A la ONU de hoy, que no pudo impedir la actual guerra en Europa, le ocurrió lo mismo que antes impidió a la Sociedad de Naciones evitar la II Guerra Mundial. En ambos casos no fue posible debido a problemas estructurales y de malformaciones congénitas gestadas al concebir a ambas organizaciones.
La estructura y las reglas de funcionamiento de la ONU se explican porque se trata de una entidad elaborada mediante acuerdos, primero entre los llamados “tres grandes” (Estados Unidos, Unión Soviética y Gran Bretaña), que fueron cuatro al sumar a la República de China y, cinco, al incluir a Francia. Los acuerdos fueron más difíciles porque se trataba de dos sistemas políticos.
Las diferencias políticas e ideológicas y la enemistad subyacente, de las cuales surgió la confrontación entre la Unión Soviética y las otras cuatro potencias que a la altura del 1945 era visible, crearon un desbalance de fuerzas e influencias que obligó a la URSS a protegerse frente a la alianza de sus partenaires en el Consejo de Seguridad. Los debates más intensos y difíciles fueron los relacionados con la existencia del Consejo de Seguridad, la condición de miembros permanentes, el texto del Capítulo VII que autoriza el uso de la fuerza para mantener la paz y la creación de fuerzas militares bajo el mando de la ONU.
En ese contexto surgió la Cláusula de unanimidad, según la cual, para invocar el Capítulo VII o cualquier otro asunto relacionado con la paz o la guerra, se requería del voto favorable de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De ese modo, camuflado, apareció el veto, palabra que no se menciona en la Carta, y que fue utilizado por primera vez en febrero del 1946. Semejante cláusula impide que el Consejo pueda condenar o criticar a cualquiera de sus miembros permanentes.
Desde febrero del 1946, cuando la Unión Soviética vetó por primera vez un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad, hasta el 2025, ese recurso ha sido utilizado en 258 oportunidades: 129 de ellas, por la URSS y Rusia; 88, por Estados Unidos (50 a causa de Israel); 29, por Reino Unido; 19, por China y 16, por Francia.
La ONU no ha podido mediar, ni siquiera criticar a ninguna de las potencias cuando han cometido desmanes trascendentales ni prever los bloqueos: a Berlín, que duró un año, y a Cuba, prologado por más de 50 años, mediante los cuales, presuntamente para actuar contra los gobiernos, se castiga de forma inmisericorde a los pueblos. Tampoco ha podido censurar las decenas de intervenciones, algunas de ellas acompañadas de invasiones militares, ni las violaciones de los derechos humanos cometidas por los propios miembros permanentes, incluso en sus propios territorios.
Se trata de asuntos nodales para las relaciones internacionales y la convivencia pacífica, cuya solución hoy, como en el 1945, depende de la voluntad política y del consenso de cinco estadistas. Sin el voto favorable de ellos nada puede ser acordado en el Consejo de Seguridad. Su poder es omnímodo.