Sin autorización y a espaldas del Congreso de su país, Donald Trump ordenó el ataque en gran escala contra Venezuela, invadió el territorio de un estado extranjero, pisoteó su soberanía, mató personas, secuestró al presidente Nicolás Maduro, llevado por la fuerza a Nueva York, donde lo somete a un ilegal e inédito proceso judicial que se libra según sus términos, sin ley o precedente jurídico que lo ampare.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Sur de Nueva York es uno de los 94 tribunales federales de primera instancia existentes en los Estados Unidos. Tiene jurisdicción sobre ocho condados del estado de Nueva York.
Las demandas sobre sus fallos se realizan ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. Esta Corte es presidida por el honorable Alvin Hellerstein, un prestigioso juez de 93 años de edad y uno de los de más tiempo en ejercicio en el país. El juez Alvin K. Hellerstein (1933), judío ortodoxo, formado como abogado en la universidad de Columbia, fue nombrado por el presidente Bill Clinton.
En su larga carrera, el magistrado ha sido abogado del Ejército de los Estados Unidos, más tarde en el sector privado y, en el 1998, fue designado como juez federal del distrito Sur de Nueva York. Es uno de los jueces en activo con más años de carrera en cuyas manos el presidente Donald Trump ha depositado una papa caliente.
Por tratarse de un presidente electo y en ejercicio en un estado soberano que, en tal condición disfruta de inmunidades internacionalmente reconocidas que las leyes y las prácticas diplomáticas conceden a los jefes de estado. Un problema que tendrá que resolver el juez es que para el principal de los delitos imputados al acusado (narcoterrorismo) hasta hace muy poco no existía una ley escrita, previa al delito atribuido y ningún precedente.
Ello significa que, con su actuación, el juez Alvin Hellerstein creará jurisprudencia y establecerá un precedente que afectará a todos los jefes de estado en territorio de los Estados Unidos y a los mandatarios estadounidenses en el extranjero. A sus años, Hellerstein se arriesga a dejar como legado una infamia. ¿Lo hará? En ejercicio de uno de sus derechos consagrados por la Constitución de los Estados Unidos, Maduro será asistido por uno o más abogados defensores electos por él. Se trata de Barry Pollack, un penalista de alto perfil preparado para los casos más complejos, algunos de los cuales como el de Julian Assange, significó un dilatado debate que involucró, entre otros actores, a los gobiernos de Estados Unidos, Ecuador, Gran Bretaña y Australia.
El letrado pone en duda la legalidad de lo que calificó como: “Abducción militar violenta”. Pollack ejerció la presidencia de la Asociación Nacional de Abogados Penales, a cargo de delitos de muy alto perfil y, formando parte de la barra de abogados de la firma Harris St. Laurent & Wechsler, estuvo a cargo del diseño de la estrategia judicial para la defensa de Julian Assange, acusado de espionaje y que hoy disfruta de libertad plena.
Por su parte, Cilia Flores, esposa de Maduro y que tiene derecho a las inmunidades concedidas a las primeras damas y que no está obligada a declarar o testificar contra su marido, tendrá como abogado a Mark Donnelly de la firma Parker Sánchez & Donnelly que también trabajó 12 años en el Departamento de Justicia y ocho como fiscal en Houston, Texas.
Entre las líneas de defensa sugeridas por el abogado de Maduro figura la evidencia de que su cliente, fue detenido mediante una acción ilegal porque el operativo militar para capturarlo, no fue aprobado por el Congreso Maduro, a quien se le imputan cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, comparece en calidad de acusado junto a su esposa, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, y elementos del grupo criminal Tren de Aragua.
Maduro y Flores se declararon inocentes de todos los cargos. De oficio, al estar en territorio de los Estados Unidos y sujetos a sus leyes, Nicolás Maduro y Cilia Flores son amparados por la Enmienda XIV, según la cual: “… Ningún estado podrá negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igualitaria de derechos”.
Entre estos derechos figuran el respeto absoluto a la presunción de inocencia, a la preservación de su integridad física, a ser juzgado según el “debido proceso” por un jurado imparcial y ser asistido por abogados defensores, no incurrir en la autoincriminación, incluso tiene derecho a permanecer en silencio y a declarar sólo en presencia de un abogado. Bajo la Primera Enmienda la libertad de expresión de Maduro no podrá ser coartada.
Mientras se ventila el proceso, los acusados, sin derecho a fianza, permanecerán internados en el Centro Metropolitano de Detención que alberga más de mil reclusos. Las anomalías políticas, militares y judiciales y las presuntas violaciones de la ley presentes en el caso que se ventila ante el juez Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton, nombrado personalmente por Trump, así como la defensa de Barry Pollack y Mark Donnelly, pueden hacer que el proceso sea más complicado de lo que se supuso originalmente.
Sin descartar algún arreglo judicial, puede incluso ser desestimado por el juez antes de comenzar o fallado contra el estado acusador. Sumados la etapa previa de gran complejidad política tanto interna como externa, el ilegal operativo militar mediante el cual, al amparo de la noche con violencia extrema, Maduro y su esposa fueron secuestrados y llevados a Nueva York y los acontecimientos internos en torno a los cuales existen dudas y cuestionamientos, el proceso iniciado en Nueva York aporta mucha tela por donde cortar. Los antecedentes de jueces y abogados permiten confiar en que puede hacerse justicia.