De la Redacción
De manera oficial, el poder Ejecutivo del Estado ingresó ante el Congreso del Estado la iniciativa que regula la operación de plataformas digitales de renta vacacional como Airbnb, imponiéndoles ya no sólo el cobro del impuesto al hospedaje, sino la tramitación de licencias de funcionamiento y su inscripción ante el Registro Estatal de Contribuyentes.
Se trata de una reforma a la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo, la cual incluso contempla el cobro de este gravamen a hospitales, conventos, asilos e internados que reciban una contraprestación por servicios de alojamiento temporal, pero sólo a partir de la quinta noche de pernocta, dado el carácter social del servicio que ofrecen.
Se propone una reforma al artículo 2 para adicionar los conceptos “plataforma digital”, y “servicios de hospedaje”, con lo cual convierten en sujetos obligados a todas las personas que renten sus viviendas particulares a través de cualquier tipo de plataforma digital como Airbnb o Homeaway, entre otros.
“Se adiciona un párrafo para considerar que la persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador que intervenga en el cobro de contraprestaciones por los servicios de hospedaje usando plataformas digitales, enterarán y retendrán el pago de este impuesto, ya que es una realidad que actualmente la promoción de este servicio por medios digitales se otorga de forma constante y va en aumento, por lo que al no estar gravada, no existe obligación de pago de impuesto”, se lee en la iniciativa.
La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, había adelantado que preparaban esta iniciativa de reforma, la cual convertiría en sujeto obligado de retener el impuesto al hospedaje a la plataforma digital, es decir, a empresas como Airbnb o Homeaway, sin embargo, la redacción de la iniciativa convierte en sujetos obligados de la ley a los dueños de los inmuebles en renta.
Cabe señalar que en septiembre pasado, Airbnb se manifestó a favor de valorar y analizar cualquier iniciativa de regulación de las rentas vacacionales en Quintana Roo y en México, pero considera que limitar su operación a ciertas áreas de una ciudad como Cancún es una medida excluyente.
“No hay un traje a la medida; hay que hacer un diagnóstico claro para saber las particularidades de un determinado destino, para diseñar un marco regulatorio que proteja al consumidor final y potencialice al sector; una regulación no debe significar cortar, no implica delimitar de manera negativa una actividad, pero se corre el riesgo de que esto suceda”: Jorge Balderrama, director de Políticas Públicas de Airbnb.
El tema surge a raíz de una nueva iniciativa de regulación de plataformas digitales que propone la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, la cual plantea que las rentas vacacionales de casas particulares deben limitarse sólo a determinadas zonas del centro de Cancún para garantizar la seguridad y disponibilidad de transporte para los huéspedes que atiendan y sólo podrán operar durante un máximo de 180 días al año.
Sobre el hecho de limitar las rentas vacacionales a determinadas áreas de la ciudad, Rocío Paniagua, directora de Comunicación de Asuntos Públicos de Airbnb, manifestó que “es una propuesta totalmente excluyente, porque no se le puede negar a las personas el acceso a una oportunidad económica por el rumbo en el que vive”.
Además, destacó, se debe entender que es obligación del Estado que haya seguridad y transporte en todos los lugares y para todos los ciudadanos, “nosotros somos una plataforma que sí trata igual a todas las personas, sin importar si tienes un cuartito y eres una persona enferma o si tienes muchos cuartos y eres un empresario”.