Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 14 de octubre.- En lo que fue un escueto y breve informe, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), Carlos Ríos Castellanos, compareció ante un puñado de diputados de la XVI Legislatura, a quienes les presentó cifras redundantes y con resultados a medias en estos tres años de gobierno.
El funcionario estatal habló de los mismos temas que el pasado 3 de octubre había dado a conocer en conferencia de prensa, escudándose que la falta de presupuesto no les ha permitido avanzar como han querido en proyectos de vivienda para los quintanarroenses.
Aunque la comparecencia ante las diputadas y diputados se extendió por más de cuatro horas, el informe de resultados de Ríos Castellanos duró menos de 30 minutos, pues la mayor parte del tiempo consistió en la ronda de preguntas y respuestas, donde los legisladores criticaron la Ley de Acciones Urbanísticas de Quintana Roo, mejor conocida como la “Ley Casitas”, además fueron insistentes en el tema de los asentamientos humanos irregulares y de las invasiones en Quintana Roo.
De los proyectos pendientes se mencionó el PDU de Majahual, que se encuentra en la etapa de consulta pública; el PDU de Bacalar, que lleva un avance del 80 por ciento; el PDU de Solferino, con avance del 40 por ciento; el ELCA de Holbox, con 35 por ciento de avance; así como el PDU de Puerto Morelos, PDU de Chemuyil, PDU de Cozumel, PDU de Tulum y el de Xcalak, todos ellos con menos del 10 por ciento de avance.
Para el 2020 proyectan continuar o iniciar los PDU de Kantunilkín, Playa del Carmen, Akumal, Felipe Carrillo Puerto, Cobá, Puerto Aventuras, José María Morelos, Isla Mujeres y su Zona Continental, así como el ELCA de Chiquilá.
Ríos Castellanos dijo que en 2018 lograron regularizar 485 lotes en Othón P. Blanco y 1 en Isla Mujeres, alcanzando un total de un mil 944 beneficiarios; mientras que en 2019 consiguieron la regularización de 759 lotes en Benito Juárez, Cozumel, Puerto Morelos y Tulum, llegando a 2 mil 732 beneficiarios. Para el periodo 2020-2022 se proponen cubrir el 100 por ciento de los lotes que corresponden al desarrollo del gobierno del estado, fijando una meta de 5 mil 930 lotes en beneficio de 23 mil 720 personas.
El funcionario estatal recordó que durante los primeros tres años de gobierno se entregaron 3 mil 986 títulos de propiedad en beneficio de 15 mil 944 habitantes de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. De 2020 a 2022 la meta es de 5 mil 483 títulos de propiedad.
Para reducir los niveles de asentamientos irregulares en el estado, la Sedetus ha dotado de 625 lotes con servicios para 2 mil 813 beneficiarios, pero mantiene en proceso una gran cifra de 5 mil 59 lotes, con los cuales se cubrirá a 22 mil 766 beneficiarios.
Con respecto al programa Autoproducción de Vivienda, donde el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda otorga a los beneficiarios un subsidio del 42 por ciento, el beneficiario aporta el 10 por ciento y el estado contribuye con el 48 por ciento restante, durante 2018 y 2019 se otorgaron un mil 62 acciones, que constan de la construcción de una vivienda de poco más de 41 metros cuadrados, en predio propiedad del beneficiario.
En lo que respecta al sur de Quintana Roo, en este 2019 se destinaron 178 millones 876 mil pesos para la nueva zona metropolitana de Chetumal, que abarca una superficie de 9 mil 958.2 kilómetros cuadrados, integrado por las localidades Chetumal, Calderitas, Nicolás Bravo, Javier Rojo Gómez, Álvaro Obregón y Sergio Butrón Casas.
En la nueva zona metropolitana, durante este año se concluyó el estudio geohidrológico para determinar la nueva zona de extracción de agua potable para la ciudad; actualmente se desarrolla la obra de construcción del sistema de drenaje sanitario del sector Comonfort y las obras de sectorización de la distribución de agua potable, situación de tuberías y micromedición del sector Insurgentes Sur. También se lleva un avance del 50 por ciento en el proyecto de creación de la zona metropolitana de la Riviera Maya, además está pendiente la ampliación de la zona metropolitana de Chetumal para incluir Bacalar.
Otros datos que ya se habían repetido fue el rescate de espacios públicos, logrando concluir un total de 11 proyectos en 2018 y 2019, en los municipios Othón P. Blanco, Solidaridad y Benito Juárez. Para el periodo 2020-2022 están planeados 34 proyectos de esta índole.
En sus intervenciones, los legisladores insistieron mucho en el tema de las invasiones y/o asentamientos humanos irregulares, existiendo en Quintana Roo más de 125 asentamientos irregulares repartidos en 300 colonias, siendo la zona norte que cuenta con el 80 por ciento de estos predios.
Hubo diputados que se dijeron preocupados especialmente por el tema de las invasiones en Majahual, que en los últimos años han proliferado descontroladamente, afectando terrenos del estado y de propiedad privada.
Al respecto, Carlos Ríos Castellanos dijo que siguen trabajando en la regularización de la colonia Kilómetro 55, pero no habló del resto de las invasiones que ocurren en la Costa Maya, problema que ha sido documentado y puntualmente dado a conocer en POR ESTO! de Quintana Roo.
Otro tema muy tocado fue el de la llamada “Ley Casitas”, de la cual los diputados hicieron el compromiso de revisarla y modificarla, tras considerar que el nuevo tamaño de las casas provoca un severo hacinamiento y afecta la buena relación y desarrollo familiar, poniendo de ejemplo que ningún político, diputado o servidor público de primer nivel sería capaz de vivir en estas reducidas viviendas.
Varios diputados coincidieron que la Ley de Acciones Urbanísticas impulsada y aprobada en la pasada XV Legislatura se hizo para favorecer a las desarrolladoras, pero afectando a las familias y la clase trabajadora quintanarroense, porque se autoriza construir casas de menor tamaño en las categorías de interés social, media y residencial.