En la reanudación de la audiencia de aportación de pruebas contra la exdirectora de la CAPA, Paula G.C., acusada de peculado
* Por segundo día consecutivo, los representantes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mostraron nula preparación * El abogado de la exfuncionaria invalidó a uno de los testigos de éstos por no tener personalidad jurídica para poder participar * Al pasar los demás declarantes de la parte acusadora, fueron objetados por la defensa de la imputada, pues divagaron sobre cómo llegaron a la apertura de la cuenta pública 2014, si la auditada era la de 2015 * La audiencia entró en receso y será retomada el día de hoy
De la Redacción
CHETUMAL, 12 de febrero.- En el segundo día de la audiencia de aportación de pruebas, con relación al juicio en contra de la exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), Paula G.C., acusada de peculado, los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción demostraron su nula preparación.
Una lamentable actuación han exhibido los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, durante los dos días en los que lleva desarrollándose la audiencia.
Al iniciar la audiencia 5 fiscales y el supuesto asesor jurídico de la CAPA se encontraban en la mesa de la Fiscalía, además del representante de la parte agraviada, en este caso de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
En el lugar se anunciaron 5 testigos Manuel P.H., Minerva Lissette H.F., José Luis B.S, Iván de Jesús P. y Carlos Gilberto C.M., los primeros tres de la Auditoria Superior del Estado y los últimos dos agentes de la Fiscalía General del Estado.
Sin embargo, el abogado defensor Baldomero M.L. abrió solicitando que el llamado asesor jurídico José Luis D.M., fuera retirado de la mesa de los fiscales, debido a que no acreditó su personalidad jurídica para poder participar, por lo que sin poder alegar lo contrario con argumentos sólidos, los cinco fiscales sólo se quedaron como simples observadores, cuando el juez solicitó a José Luis D.M. que abandonara la mesa de los fiscales y en caso de querer presenciar la audiencia, lo tendría que hacer entre el público.
Una vez que José Luis D.M. se encontraba entre el público y se desarrollaba la audiencia, el supuesto asesor jurídico sacó en varias ocasiones su teléfono celular, sin que fuera reprendido por el personal de la Sala de Juicio Oral Penal.
El primer testigo llamado al estrado fue el titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel P.H., quien señaló que en su momento se ostentaba como auditor superior interino, siendo que, derivado de una disminución de ingresos en una comparativa realizada al ejercicio fiscal del año 2015, observaron que existió una disminución de ingresos de la CAPA, cercana a los 200 millones de pesos, por lo que revisando la cuenta fiscal 2014, encontraron el contrato firmado entre Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC SA de CV), el gobierno del estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, donde se observaba una transferencia, supuestamente irregular, por un monto de un mil 55 millones 999 mil 962 pesos.
Es así como Manuel P.H., en su calidad de auditor superior interino, interpuso una denuncia por hechos probablemente constitutivos de delito.
Posteriormente, ingresaron por separado Minerva Lissette H.F. y José Luis B.S, cuyos testimonios versaron sobre el mismo tenor, por lo que fueron llamados a comparecer por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción ante el juez, en calidad de testigos.
Sin embargo, cuando los fiscales intentaron interrogarlos, la mayoría de las veces sus intervenciones fueron objetadas por el abogado defensor y respaldadas por el juez, por lo que muchas veces las intervenciones fueron declinadas.
En su oportunidad, la defensa cuestionó a los testigos sobre ¿cómo llegaron a la apertura de la cuenta pública, ya aprobada de la cuenta pública 2014, si la auditada era la 2015?, los tres divagaron en sus respuestas y no recibieron ayuda de los fiscales especiales.
De la misma forma, fueron cuestionados sobre si le habían dado lectura a las cláusulas del contrato firmado entre Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC SA de CV), el gobierno del estado y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, a lo que respondieron en forma negativa.
Derivado de lo anterior, la parte defensora anunció la presentación de contrato de Título de Concesión en el momento procesal oportuno, que será durante la continuación de la audiencia este miércoles a las 10:00 de la mañana.
Después de las presentaciones de los tres primeros testigos que laboran en la Auditoría Superior del Estado, el defensor solicitó un receso de 10 minutos para ir al sanitario.
Seguidamente, los últimos dos testigos, agentes de la Fiscalía General, tuvieron una breve participación con relación a informes que recabaron y la audiencia entró en receso, hasta el día de mañana.
Como se recordará, el día de ayer, en el primer día de la aportación de pruebas y presentación de testigos, los cinco fiscales del Ministerio Público se vieron mal parados ante un solitario abogado defensor de la exdirectora de la CAPA.
Una y otra vez fueron objetadas las participaciones y argumentos de los fiscales, mientras que en su intento de arremeter contra el abogado Baldomero M.L., no justificaban sus intervenciones y eran rechazadas por el juez.
Dentro del desahogo de la audiencia, se expuso que en diciembre de 2014 la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, mejor conocida como Aguakán, efectuó el pago por la extensión de su concesión en Isla Mujeres, Benito Juárez y la inclusión de Solidaridad hasta el año 2053, por un monto de un mil 55 millones 999 mil 962 pesos.
Sin embargo, el dinero que ingresó a la CAPA fue transferido el mismo día a la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, lo que ha sido la justificación para que se procediera en contra de la entonces directora Paula G.C., al considerar que fue una transacción indebida que afectó el patrimonio del organismo.
Existen algunas incongruencias en este caso, siendo que aun cuando en el expediente no hay acusación alguna, en el sentido que el dinero terminó en manos de la exdirectora, y se reconoce que la exorbitante cantidad de dinero fue transferida al gobierno del estado, es precisamente el estado que acusa a Paula G.C. de peculado.
Además, de acuerdo con los argumentos de la defensa, aunque ha sido modificado en dos ocasiones el contrato de concesión en favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, el documento manifiesta que el titular del dinero es el gobierno del estado.
Sin embargo, la Fiscalía quiere imponer a la exdirectora una pena de 10 años de prisión, además de multas y la reparación del daño.
En total serán cinco testigos que aportarán pruebas contra la directora, incluso la Fiscalía tiene programado citar al titular de la Auditoría Superior del Estado, Manuel P.H.
Dentro de las primeras pruebas que aportaron los testigos fueron el recibo finiquito, el contrato entre Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC SA de CV) y el gobierno del estado, el estado de cuenta del mes de diciembre de 2014 de la CAPA y la factura de la transacción, entre otros.
Incluso, el testigo Roque Miguel M.E. dio lectura al contrato firmado por Paul R. y Diego G. como representantes de DHC SA de CV, y por Juan Pablo G. como titular de la Sefiplan y Paula G.C. como titular de la CAPA.