* El titular de la SSP, Jesús Alberto Capella Ibarra, reconoce que el número rondaba en las 760 la semana pasada * Situación que contrasta con el enorme monto financiero aprobado por la XV Legislatura * El proyecto principal incluye tres arcos de acceso al polo turístico y 450 puntos de observación, con 3 cámaras cada uno * Sin embargo, no hay fecha para completar este trabajo y mientras los índices delictivos siguen al alza en esa ciudad
Por Miguel Ángel Fernández
CHETUMAL, 11 de marzo.- Hasta el momento no se han instalado ni la mitad de las un mil 800 cámaras de videovigilancia en Cancún, reconoció el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella Ibarra.
Han pasado 10 meses desde que la XV Legislatura del Congreso del Estado por la vía “fast-track” aceptó, dictaminó y aprobó la autorización para que se contrate un arrendamiento puro de hasta 2 mil 900 millones de pesos para adquirir herramientas tecnológicas que sólo se aplicarán para la ciudad de Cancún.
A pesar del enorme monto financiero, el proyecto principalmente incluye la instalación de tres arcos de acceso a Cancún y 450 puntos de monitoreo en la misma ciudad. Cada punto de monitoreo inteligente tendrá una cámara PTZ, 3 cámaras fijas y botón de pánico instalado en un poste metálico de 9 metros de altura.
Hasta el momento no se han instalado ni la mitad de las cámaras de videovigilancia, mientras que se mantienen delitos de alto impacto en Cancún.
El propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que la semana pasada rondaba en 760 las instaladas, y que para este día estima hay unas 800.
Respecto al tiempo que llevará completar las un mil 800 contempladas en la primera fase, el funcionario estatal no pudo dar fecha.
Y mientras los índices delictivos siguen altos en Cancún, Alberto Capella dice que “las últimas detenciones importantes se han dado gracias al apoyo de la tecnología”.
De tal forma, mientras el avance de la instalación de las cámaras va lento, el gobierno del estado paga 39 millones de pesos mensuales.
Es necesario recordar que desde que se promovió el año pasado este sistema de videovigilancia nunca se expuso qué resultados han tenido en disminución de la incidencia delictiva estos sistemas en otras entidades donde se han colocado.
No se puede dejar de mencionar que este caso también mostró cómo se ha conducido la XV Legislatura, siendo que el presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ordenó que se sustituya el Dictamen por el cual se aprobó el arrendamiento de 2 mil 900 millones de pesos de tecnologías aplicadas a la seguridad en el municipio Benito Juárez, por uno alterado cinco días después de su aprobación en el Pleno.
El asunto quedó impune aun cuando se demostró que el dictamen original estaba fundamentado en una ley abrogada por esta misma XV Legislatura.
Sin embargo, el documento que actualmente aparece en el portal del Poder Legislativo, referente al mismo dictamen, presenta cambios evidentes que dejan al descubierto una alteración para tratar de tapar la grave falta que cometieron los diputados por su apresuramiento para aprobar lo antes posible este endeudamiento disfrazado de arrendamiento.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, después de formar parte del grupo de diputados electos que tomaron el Congreso del Estado en 2016 para impedir lo que señalaron eran irregularidades de la administración estatal pasada, han mostrado que su interés real era el poder y manejo presupuestal discrecional del Poder Legislativo, pues en los hechos han mostrado baja estatura política, falta de verdad, de valores y principios, además de que las decisiones se toman a espaldas y en perjuicio de la ciudadanía.