Por Gerardo Reynoso
Concluido el proceso electoral ahora se comenzará a delinear el nuevo Congreso del Estado, con los resultados ya oficiales emitidos por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, Ieqroo.
La nueva Legislatura sustituirá a un Congreso que ha sido el de los más mediocres que ha tenido la entidad en su historia. Además, los actuales diputados enfrentan señalamientos de corrupción y también cuestionamientos por la falta de resultados a favor de los quintanarroenses.
De entrada, el Observatorio Legislativo presentó de manera oficial una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del programa de apoyos sociales que lleva a cabo el Congreso de Quintana Roo.
La denuncia va encaminada para que la Fiscalía investigue en realidad cuántos recursos se han utilizado en estas supuestas ayudas, pues sobresalen parientes, familiares y amigos de diputados locales.
Los legisladores locales incluyeron a familiares y militantes adscritos al Partido Acción Nacional (PAN), así como empleados y sindicalizados del Congreso en las listas de “apoyos sociales” de la Legislatura estatal.
La denuncia presentada se debe a que el Observatorio ha detectado que existen actividades que realiza la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo y sus diputados y el oficial mayor del Congreso en conceptos denominados “ayudas sociales”.
Estas “ayudas sociales” no se encuentran dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de Quintana Roo ni la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo a los diputados ni a la Gran Comisión del Congreso del Estado.
Aunado a esto, la XV Legislatura tiene 63 empleados contratados por honorarios y todos, no importa lo que ganen, cumplen un mismo y único encargo: “(…) prestar servicios a El Congreso, aplicando sus capacidades y conocimientos, consistentes en apoyo y asistencia. Los cuales se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita El Congreso (…)”, según dice el contrato que hasta el pasado 30 de agosto podía descargarse en la sección de Transparencia desde la fracción XI del Artículo 91, relativo a las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.
El formato recién eliminado sobre los empleados que desempeñan labores de “asistencia” y “apoyo” en el Congreso fue modificado apenas ayer, por lo que el contrato ya no está disponible en la página. En la nueva presentación de la información también se excluyen datos como la remuneración bruta y si el “colaborador” tiene prestaciones.
Así, la XV Legislatura del Congreso en lugar de cumplir lo que le ordena la fracción XI del Artículo 91, relativo a “las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el período de contratación, y en su caso, los procesos de evaluación a los que se sujeta la vigencia del contrato o su rescisión”, como lo ordena la ley, prefirió retirar de su página el contrato-machote que exhibía que el Congreso está repleto de empleados que no desempeñan labores o trabajos necesarios, sino que se trata de “amigos” con cargo al erario, “aviadores” o de personal que realiza trabajos políticos directamente para los diputados y su partido pero que los ciudadanos debemos pagar.
En el Congreso, por sus servicios de “apoyo y asistencia”, Yolanda Esther Uc Cruz, cobra 4 mil pesos mensuales, y por hacer lo mismo, Diana Ivón Sáenz Rivera, cobra 50 mil pesos de sueldo neto.
Otro ejemplo, Paula Eunice Torres Bui cobra 5 mil pesos al mes, y por idéntico trabajo, según su contrato, Manuel Santiago López Meneses, cobra 44 mil pesos mensuales. También hay los que cobran 9 mil pesos por idéntico servicio prestado, como Erika Jacqueline Constantino Cerda; ó 25 mil pesos, como el recientemente fallecido Javier Villanueva Madrid, quien era hermano del exgobernador Mario Villanueva y tío del diputado Carlos Mario Villanueva y quien cobró esa cantidad cada mes de enero a abril de este año.