De la Redacción
CHETUMAL, 22 de julio.- Tras un mes de su aprobación, las reformas a la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo siguen ocultas de los archivos del Congreso y no se han publicado en el Periódico Oficial del Estado, siendo el principal responsable el diputado Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, quien de manera flagrante está violando el derecho ciudadano del acceso a la información pública.
También son cómplices los otros 24 diputados que conforman la XV Legislatura, ya que ninguno ha exigido que se hagan públicas las citadas reformas, tampoco se han molestado en que el dictamen se haga llegar a sus correos, por lo que la mayoría incluso desconoce su contenido.
Al igual que lo hizo en diciembre de 2018, cuando la nueva Ley Orgánica fue aprobada por la XV Legislatura, el diputado Martínez Arcila está repitiendo su ilegal ocultamiento, que entoces mantuvo escondida por 6 meses, sólo que ahora lo hace con la serie de reformas que fueron aprobadas el pasado 26 de junio, durante sesión extraordinaria en la que se atendieron 12 proyectos de dictamen, que incluyeron estas reformas y la nueva Ley de Protección Animal, entre otros asuntos.
Todos estos documentos llevan un mes sin hacerse públicos, no aparecen en los archivos ni en la página del Congreso, tampoco se han publicado en el Periódico Oficial y la mayoría de los diputados ni siquiera los ha recibido en sus correos electrónicos, por lo que la ciudadanía no ha tenido acceso y desconoce sus contenidos, estando ante una Legislatura que presume una falsa transparencia.
El principal responsable es Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, que por sus antecedentes al ya haber manipulado la ley para crear su “blindaje de impunidad”, podría nuevamente alterar el documento para poner más candados a la próxima bancada del Morena y beneficiar a la fracción del PAN en la XVI Legislatura.
Lo anterior porque todavía está en disputa el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, siendo fácil para la coalición Morena-PVEM-PT arrebatar este órgano de gobierno a la bancada panista, ya que por ser mayoría podrían dividirse el número de diputados y lograr que sus grupos legislativos sean los que dominen el Congreso, lo cual tendrá que definirse unos días antes de la instalación de la próxima legislatura, el próximo 3 de septiembre, de acuerdo con lo establecido en la nueva Ley Orgánica.
Se sabe que Martínez Arcila hará hasta lo imposible para no quedar fuera de la Junta de Gobierno, pues existe el riesgo de que la nueva mayoría del Morena-PVEM-PT le arrebate este lugar privilegiado, con lo que perdería su oportunidad de mantener el control del Congreso por lo menos un año más.
Previendo todos los escenarios posibles, el diputado panista presentó una serie de reformas a la nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el pretexto de que se necesitaba corregir la fecha de instalación de la legislatura para “armonizarla” con la Constitución Política local.
Sin embargo, el dictamen permanece oculto hasta ahora sin que existan excusas, siendo obligación de Martínez Arcila hacerlo público, ya que la Ley de Transparencia del Estado de Quintana Roo, así como la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, obligan al Congreso del Estado a difundir y poner a disposición del público las iniciativas de ley, decretos, declaratorias, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las comisiones a las que se turnaron y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas.
También tiene la obligación de publicar y poner a disposición del público las leyes, decretos, declaratorias y acuerdos aprobados por la legislatura o la Diputación Permanente; la gaceta parlamentaria; el orden del día; el diario de debates; las versiones estenográficas de las sesiones, entre otros temas.
Además, la publicación de estas reformas en el Periódico Oficial del Estado tampoco necesita pasar por el titular del Poder Ejecutivo, ya que por la naturaleza de esta misma ley, se faculta a la XV Legislatura para ordenar de manera directa su publicación, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.
Lo anterior porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo vigente manifiesta en su artículo sexto que: “esta ley, sus reformas y adiciones no necesitarán de la promulgación del Gobernador del Estado ni podrán ser objeto de veto”.
Añade, asimismo, que: “El Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura ordenará directamente su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.
Al no haber rastros del dictamen que contiene las nuevas reformas, además de que el decreto no se ha mandado a publicar en el Periódico Oficial, todo parece indicar que se estaría ante una nueva treta de Martínez Arcila para quedarse en la Junta de Gobierno y Coordinación Política, quien podría mandar a alterar el documento para favorecerse a él y su bancada panista en la próxima XVI Legislatura, poniendo más candados a la alianza de mayoría del Morena-PVEM-PT.