Por Gabriel E. Manzanilla
CHETUMAL, 13 de agosto.- La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó una serie de iniciativas para el fortalecimiento de la seguridad y procuración de justicia en el estado, entre las que se encuentran la creación de la Ley de Emergencia Policial, que permite al gobernador poder asumir el mando temporal de la Policía Preventiva Municipal en cualquiera de los once municipios; así como una propuesta para dotar de independencia al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, el cual quedó sectorizado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a cargo de Alberto Capella Ibarra.
Durante los trabajos del tercer periodo extraordinario de sesiones de la XV Legislatura, las diputadas y diputados aprobaron por mayoría el Dictamen con Minuta de Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la fracción X del Artículo 90 y del Artículo 157 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Con ello se reglamenta la facultad del Ejecutivo del estado para asumir el mando temporal y poder emitir órdenes dirigidas a la Policía Preventiva Municipal, la cual deberá acatarlas cuando el gobernador del estado determine la existencia de hechos o acontecimientos presentes o futuros inminentes de fuerza mayor, o que por cualquier motivo alteren gravemente el orden público de uno o más municipios del estado, implementando operativos o estrategias de seguridad pública, las cuales dependerán de un mando único estatal.
A efecto, se prevé que los elementos que intervengan en el mando único o en las acciones operativas de la Policía Preventiva Municipal respecto del hecho que dé pie a la declaratoria, tendrán la obligación de acatar las órdenes que directamente o por conducto de quien el gobernador del estado designe o delegue esta facultad.
El servidor público que incumpla con lo previsto en la ley se hará acreedor de las sanciones penales y administrativas correspondientes. Esta obligación permanecerá durante todo el tiempo que dure la emergencia y hasta la notificación de la cesación de sus efectos.
Esta prerrogativa será ejercida únicamente a iniciativa del gobernador del estado, en condiciones de emergencia estrictamente eventual, temporal y nunca será motivada por fallas o insuficiencias estructurales, ni podrá incidir permanentemente en las políticas públicas municipales en materia de seguridad pública.
Una vez cesados los efectos de la declaratoria, la dirección, mando y estrategia del presidente municipal permanecerá conservándose autónoma y sin alteración alguna.
Cuando el gobernador juzgue que se ha incurrido en alguna de las hipótesis enunciadas en la ley, podrá hacer la declaratoria correspondiente asumiendo de manera inmediata y transitoria el mando y la facultad de emitir órdenes a la Policía Preventiva Municipal que corresponda.
Se prevé que la declaratoria deberá ser publicada en el Periódico Oficial del Estado a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, y la obligatoriedad de acatar estas instrucciones será inmediata a partir de su publicación.
La diputada Teresa Sonia López Cardiel y el diputado Emiliano Ramos Hernández votaron en contra del referido dictamen, por considerar que se trata de una ley innecesaria en virtud de que ya existe un mando único estatal en materia de seguridad, además violenta las autonomías municipales, no define temporalidades y queda a la libre interpretación del gobernador en turno, entre otras cuestiones que motivaron a estos diputados a rechazarla.
En otro punto, la XV Legislatura aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Púbica; Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública; Ley Orgánica de la Administración Pública y Ley de Seguridad Pública, todas del estado de Quintana Roo.
Con esto, si bien, se busca dotar de autonomía al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, al mismo tiempo se sectoriza a la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo (SSP), dependencia que ahora queda a cargo de la formación, capacitación y profesionalización de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se convierte en un órgano desconcentrado dependiente de la SSP, con domicilio en la ciudad de Chetumal y con la facultad para establecer oficinas en otros municipios de la entidad.
Este organismo tendrá como objetivo realizar las evaluaciones de control de confianza que en los procesos de selección de aspirantes, evaluación para la permanencia, desarrollo y la promoción con carácter obligatorio, establezcan las leyes aplicables, tanto para los aspirantes o integrantes de las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y de las unidades encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal; así como para los encargados de su capacitación, formación y profesionalización durante el desarrollo de servicio de carrera, y para los prestadores del servicio de seguridad privada y todas aquellas personas que realicen funciones y servicios relacionados con la seguridad pública.
La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Alberto Capella Ibarra, estará encargada de organizar y administrar el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, bajo la normativa correspondiente que permita una función desconcentrada en este rubro.
El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza contará con un director general, quien será nombrado y removido libremente por el gobernador del estado a propuesta del secretario de Seguridad Pública.
Además, en la Ley de Seguridad Pública fue reformado el artículo 136, para dejarlo de la siguiente manera: “El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza es un órgano desconcentrado de la SSP, encargado de dirigir, coordinar, operar y calificar los procesos de evaluación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y de Procuración de Justicia de Quintana Roo, con el objeto de obtener la aprobación y certificación para comprobar el cumplimiento de los perfiles físicos, médicos, éticos y de personalidad de los mismos”.
En la misma sesión se aprobó el Dictamen con Minuta de Ley por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con el que se busca hacer más eficientes los procedimientos y áreas de procuración e impartición de justicia en el estado, garantizando una adecuada investigación, persecución y sanción de los hechos posiblemente constitutivos de delitos, haciendo uso de estrategias, herramientas y acciones en el desempeño de sus atribuciones para brindar un trabajo eficiente y efectivo.
Este ordenamiento fortalece las capacidades operativas de la FGE y le permitirá una mejor organización para cumplir con eficiencia y eficacia con el mandato constitucional de procurar justicia en forma pronta, expedita, completa e imparcial. Esta reestructuración institucional no impactará en el presupuesto de la Fiscalía General del Estado.
Entre los puntos a destacar se crean las vicefiscalías de Investigación Territorial, de Investigación Especializada y de Procesos. Se contará también con coordinaciones de Atención Especializada para investigar delitos cometidos en agravio de personas o grupos de personas, cuyas características requieren de la atención de un Protocolo de Actuación Especial, como lo son, entre otros, adultos mayores, personas con discapacidad y la comunidad LGBTTTI.
También se crea una Coordinación de Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, que coadyuvará con el Sistema Quintanarroense para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Se crea la Coordinación de Atención a Turistas, encargada de investigar los hechos posiblemente comisivos de delitos, en donde se encuentren involucrados los turistas.
Además será formada la ViceFiscalía de Asuntos Internos, área encargada de la investigación y acusación de delitos que cometan los servidores públicos de la institución en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; así como de la investigación de los hechos posiblemente constitutivos del delito de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se crea la Vicefiscalía de Derechos Humanos, Jurídica y Vinculación Ciudadana; se fortalece a la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos en contra de la Mujer y por Razones de Género, así como del Centro de Justicia para las Mujeres y la interacción entre ambas.
Finalmente, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para modificar en su integridad los elementos de tipo penal, de uso indebido de información sobre las actividades de seguridad pública y procuración de justicia, mejor conocido como “halconeo”. Con ello se sancionará a quienes hagan mal uso de información y que se pretenda promover acciones delictivas o delimitar las acciones de las autoridades en materia de seguridad.