En los primeros ocho meses del 2025, un total de 713 menores de edad fueron víctimas de algún delito del fuero común en Quintana Roo, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).
Activistas cansados por estos esos hechos, cuestionaron: “¿hasta cuándo las autoridades permitirán que la niñez quintanarroense siga siendo víctima de abusos sin que haya justicia real?”.
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Pese a los reclamos, los registros, basados en denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y reportadas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, recabados a través de la Redim, mostraron que, en comparación con el mismo lapso del 2024, hubo una leve reducción 1.5% en el número total de víctimas —al pasar de 724 a 713 casos.
Los crímenes más recurrentes contra personas de entre cero y 17 años fueron lesiones (243 víctimas), corrupción de menores (74) y trata de personas (54), evidenciando un panorama persistente de violencia y vulnerabilidad en la niñez quintanarroense, dijeron defensores de los menores.
Entre los delitos de mayor gravedad, la Redim reportó 36 homicidios de niños, además de 18 situaciones clasificadas como otros actos ilícitos contra la vida y la integridad corporal, cinco que afectan la sociedad, dos de extorsión y un feminicidio.
Del total de víctimas registradas este año, 380 son mujeres y 333 hombres, lo que reafirma la mayor exposición de las niñas a delitos de carácter sexual o de trata, comentaron activistas.
Los especialistas subrayaron la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia para garantizar que ningún menor quede fuera de la protección institucional frente a la violencia.
De acuerdo con información oficial, los municipios con mayor incidencia son Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, que concentran casi el 70% de las carpetas.
En comunidades rurales también se reportan agresiones, aunque muchas veces permanecen ocultas por miedo o falta de denuncia, según autoridades.
Violaciones, casi siempre en el entorno familiar
Otros hechos que han causado indignación ocurrieron en Cancún y Playa del Carmen, donde niñas de entre ocho y 12 años fueron atacadas por familiares cercanos.
Estos casos reflejan una realidad: la mayoría de las violaciones ocurren en entornos de confianza, con agresores que suelen ser padrastros, tíos, vecinos o figuras de autoridad, dijeron activistas.
Según especialistas del Observatorio Nacional Ciudadano, las causas principales están relacionadas con la desintegración familiar, falta de educación sexual temprana y normalización de violencia en hogares.
Cuando los responsables son detenidos, enfrentan cargos por violación agravada, con penas que alcanzan hasta 30 años de prisión.
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Sin embargo, organizaciones como Redim señalan que muchos procesos no prosperan y que la impunidad es todavía una constante.
Las víctimas reciben acompañamiento psicológico y asesoría legal a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. (DIF) estatal y asociaciones civiles.
No obstante, la atención resulta insuficiente frente al número de denuncias y a las secuelas que deja este delito en la infancia, señalaron defensores de los niños.
Añadieron que la violencia sexual contra menores en Quintana Roo no sólo exhibe la vulnerabilidad de la infancia, sino también la falta de voluntad política y de mecanismos eficaces para frenar un delito que destruye vidas.
“La sociedad exige respuestas inmediatas, procesos transparentes y castigos ejemplares, incluso cuando los agresores pertenezcan a corporaciones militares”, destacaron.
Ariadne Song Anguas, vocera del colectivo femenil “Xtabay Quintana Roo”, reportó que desde hace cinco años han solicitado a legisladores quintanarroenses federales que se presenten iniciativas para reformar el Código Penal en casos de delitos de homicidio culposo doloso cometido por menores de edad.
“Deberíamos de tomar experiencias de otros países en donde los menores de edad que comentan este tipo de delitos, sean juzgados por la gravedad del delito”, enfatizó.
Asimismo, aseguró que las autoridades estatales tratan de ocultar la gravedad de los delitos cometidos por menores de edad o contra infantes.
Hizo ver que hay campañas en donde el Gobierno asegura que les cree a las víctimas, sin que haya una estrategia real de atención a las víctimas, de acompañamiento a las familias y de justicia real para encarcelar a los responsables”.
Reportó que de 100 delitos cometidos sólo en 10 se integran carpetas de investigación, pero únicamente uno de esos llega a ser judicializado.
“De dos casos que se adjudica la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos el 50% son por acciones de los colectivos”, apuntó.
