En lo que va de la actual administración, autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) han realizado 666 cateos, un promedio de 28 por mes, en materia de trata de personas; instrumentado 103 allanamientos e iniciado al menos 258 carpetas de investigación en bares o centros nocturnos.
También capturaron a 86 presuntos implicados en este delito y rescataron a 663 personas, víctimas de trata con fines de explotación sexual, en su mayoría mujeres de diversas nacionalidades.
De las 663 víctimas rescatadas, 460 son mexicanas y 115 extranjeras, originarias de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, India, Italia y Noruega. Además, se logró resguardar a 38 niñas y 50 niños, también víctimas de trata con fines sexuales.
Sin embargo, a pesar de que los lugares quedan asegurados por las autoridades, a los pocos días reabren sus puertas, según testimonios de vecinos y parroquianos, quienes admiten su preferencia por estos sitios donde se cometen delitos como la prostitución y la venta de drogas, considerados ilícitos graves.
De los lugares asegurados, en ninguno se ha aplicado la extinción de dominio, mecanismo mediante el cual el Estado se adjudica los bienes producto de delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, prostitución y trata de personas.
En el caso particular de Cancún, según el Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas, en su Capítulo II, Artículo 141, cuando en un lugar se cometen delitos como la trata o la prostitución, debe ser cerrado de manera inmediata y permanente, lo que implica la pérdida de la licencia de funcionamiento. Sin embargo, esto rara vez sucede.
“No creo que esa sea la forma adecuada de combatir la trata de personas o la prostitución, porque si no hay detenidos, aunque rescaten a las mujeres, a los 15 días regresan. Además, cuando arrestan a alguien, generalmente son empleados, no los dueños, quienes al poco tiempo reabren o buscan otro lugar”, reveló un exempleado.
El ejemplo más reciente es el bar “Las Palomas”, ubicado en la Supermanzana 23, sobre la avenida Tulum, donde el 31 de mayo rescataron a ocho mujeres. A los 15 días reabrió con total normalidad, contratando a nuevas mujeres para explotarlas.
“Soy cliente frecuente de ‘Las Palomas’ porque me gusta y me queda cerca del trabajo. Para mí es normal que las mujeres fueran y vinieran, pero tampoco puedo decir que estuvieran a la fuerza”, admitió Joel, asiduo parroquiano.
¿Qué dice el reglamento?
Los lugares que expiden bebidas alcohólicas deben cumplir con la licencia de funcionamiento. Las autoridades encargadas de verificar estos establecimientos son: la Comisión de Espectáculos y Diversiones, la Secretaría General del Ayuntamiento, la Dirección de Fiscalización, Protección Civil, Seguridad Pública y Tránsito, Tránsito Municipal y Comercio y Servicios en la Vía Pública. Todas deben coordinarse para dar vista a la FGE y realizar los cateos correspondientes.
El Artículo 141 establece que la clausura puede ser temporal o definitiva. La primera suspende actividades por 15 a 30 días naturales; la segunda implica pérdida de licencia por delitos graves como pornografía infantil, trata de menores, lenocinio, narcotráfico, entre otros. No obstante, algunos bares parecen inmunes a estas disposiciones.
La extinción de dominio
Aunque varios establecimientos han sido clausurados por delitos graves, en ninguno se ha aplicado la extinción de dominio, que permite al Estado confiscar bienes usados en delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro y trata de personas2.
La FGE presume haber realizado 666 cateos por delitos como corrupción de menores, trata y narcomenudeo, pero la mayoría de los locales intervenidos reabren por falta de seguimiento municipal.
El fin de semana pasado, se catearon dos bares y se rescataron 33 mujeres. En la Región 100, se liberaron 16 mujeres: 13 mexicanas, 2 venezolanas y 1 argentina. En otro bar, se rescataron 17 mujeres: 13 mexicanas, 2 colombianas, 1 venezolana y 1 hondureña. Las víctimas ofrecían servicios sexuales por 2,000 a 3,000 pesos, entregando la mitad al dueño del local.
No son casos aislados
El bar “El Dicho”, en la Región 234, ha sido cateado al menos diez veces en tres años. A pesar de denuncias por delincuencia organizada, ha logrado reabrir. Incluso fue incendiado y volvió a operar.
El bar “Mansión Venus”, en la Supermanzana 510, fue asegurado tras detectar menores prostituidos, pero no fue clausurado. La ley exige cierre en casos como:
- Delincuencia organizada
- Secuestro
- Delitos contra la salud
- Trata de personas
- Corrupción
- Encubrimiento
- Extorsión
- Prostitución
El Artículo 85 prohíbe la entrada de menores, ubicar estos locales en zonas habitacionales, permitir espectáculos de desnudos, tráfico de drogas, entre otras restricciones.
FGE: víctimas de múltiples nacionalidades
Las mujeres rescatadas provienen de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, India, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Italia y Noruega. También se han realizado operativos en Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, donde se detectó la presencia de menores en condiciones de vulnerabilidad.
En Cozumel, 13 mujeres fueron rescatadas en un operativo sorpresa, en coordinación con la Policía de Investigación y la Guardia Nacional, adscritas a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes.
Quintana Roo es líder
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), mujeres y niñas representan el 71 % de las víctimas de trata. Tres de cada cuatro niñas lo son con fines de explotación sexual.
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Hasta mayo de este año, Quintana Roo ocupaba el primer lugar nacional, con el 36 % de los casos reportados. Junto con el Estado de México, concentraron el 53.7 %. En corrupción de menores, Quintana Roo fue segundo lugar nacional, con 45 denuncias y una tasa de 4.31 por cada 100 mil habitantes, superando la media nacional de 1.46.
