Más de dos millones de pesos costó la elección en Quintana Roo de cada uno de los 95 jueces y 12 magistrados, convirtiéndola en una de las más caras, ya que se ejerció un presupuesto de 226 millones 531 mil 438 pesos en total, informó la organización México Evalúa.
El gasto de la elección del Poder Judicial, ubicó a Quintana Roo en el quinto lugar a nivel nacional, siendo el Estado de México el que más presupuesto utilizó con más de 441 millones; en Yucatán destinaron 100 millones de pesos.
El informe de México Evalúa también revela que, en comparación con otras entidades, Quintana Roo gastó más del doble que Yucatán, que destinó 100 millones de pesos, y 17 veces más que Colima, donde el proceso costó 13 millones 482 mil pesos, el más austero del país. En Quintana Roo fueron electos 95 jueces y 12 magistrados, asignándose un presupuesto de 226,531,438.00 pesos, siendo el quinto lugar de los Estados que otorgaron mayores montos presupuestales asignados al proceso.
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A pesar de la inversión, México Evalúa advirtió que la calidad del proceso fue deficiente y plagada de irregularidades.
“El día de la jornada electoral la participación ciudadana en Quintana Roo, fue muy baja, apenas de un 12% del total del padrón electoral. Incluso, se detectó el uso de “acordeones”, guías impresas que sugerían votar por determinadas planillas vinculadas al Poder Ejecutivo estatal, además de la aprobación de una norma que permitía votar por listas completas, favoreciendo el control político sobre la autonomía judicial”, señaló.
Más allá del gasto, las críticas apuntan directamente a la falta de imparcialidad de varios jueces y magistrados electos, refirió el organismo ciudadano.
Fuentes del propio Poder Judicial confirmaron que al menos tres de ellos enfrentan recursos ante el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial, por presuntas irregularidades en su desempeño.
Entre los casos más polémicos, destaca el del juez Guillermo Baca González Pliego, que retiró medidas de protección a Celia Ivette Torres Camacho y a sus tres hijas menores de edad, beneficiando al presunto agresor, Héctor “N”, pese a los antecedentes de violencia familiar.
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Estas decisiones han encendido las alarmas entre colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, que advierten que la nueva judicatura podría reproducir los mismos vicios de corrupción, favoritismo y negligencia judicial que el proceso prometía erradicar.
En total, en las 19 entidades donde se realizaron elecciones judiciales, se eligieron 1,081 jueces y magistrados, lo que representa un tercio del total de la judicatura local en México. Los dos tercios restantes serán renovados en 2027, lo que, según México Evalúa, podría triplicar los costos si no se corrigen las deficiencias observadas.
