A más de la mitad de su administración, la Gobernadora continúa sin resolver retos como la inseguridad, desigualdad social, otorgamiento de servicios públicos eficientes, erradicación de la corrupción en las instituciones, y la implementación de un modelo turístico que levante a una industria que va en declive, cada año con peores cifras.
La estrategia anunciada de incrementar patrullajes, fortalecer la coordinación con fuerzas federales, así como la instalación de cámaras y arcos de seguridad no han logrado generar una percepción de tranquilidad entre la población.
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Este año, a través del programa de Monitoreo Colaborativo "Guardianes 911", la Secretaría de Seguridad Ciudadana amplió la capacidad de videovigilancia y respuesta ante incidentes. Sin embargo, la inversión aún no redunda en beneficios palpables, ya que son contados los delitos que se resuelven gracias a este sistema, según los reportes que emite a diario la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sumado a esto, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi reveló que en Quintana Roo hay un problema alarman te de corrupción.
El 82.8% de la población de 18 años y más considera que los actos de corrupción son frecuentes, lo que genera una profunda desconfianza en los sectores público y privado.
También refleja la incredulidad en el constante discurso de las autoridades con la bandera “anticorrupción”, algo que no está acompañado de cambios sustantivos en la acción pública para reducir las acciones deshonestas y la impunidad, que mantuvieron niveles muy elevados en los últimos tres años, pese al que se le asignó al estado para el 2025.
El Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal del Inegi, también señala que, con 325 casos durante 2025, Quintana Roo se ha consolidado como el estado con más bloqueos de carrete ras, avenidas y calles en todo México superando a Oaxaca, que registra 177 manifestaciones, entre los principales motivos destacan los cortes de energía eléctrica y la falta de agua potable
Es precisamente este último, un tema que el Gobierno estatal no ha podido solucionar aún, y que afecta diariamente a miles de familias en todos los municipios.
Con 180 de los 325 bloqueos registrados en 2025, Cancún concentra más de la mitad de las protestas en Quintana Roo lo que lo con vierte en un “foco rojo”.
Lo peor, de acuerdo con especialistas, es que las cifras reales de delitos e inconformidad podrían ser mucho mayor, ya que un número indeterminado de afectados no presenta querellas formales, al considerar que no se tendrá una solución, o por temor.
No obstante, las encuestas oficiales revelan el sentir de la ciudadanía, y es preocupante.
La elevada inversión
El presupuesto total previsto en la Ley de Egresos para este año ascendió a 51 mil 473 millones 800 mil 044 pesos. Fue asignado para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, reducir las desigualdades en el estado y mejorar la procuración de justicia, pero tales metas aún no se han materializado.
Al Poder Judicial se otorgó mil 29 millones, 476 mil 1 pesos, para salarios del personal y para la elección judicial, que incluyó el proceso extraordinario de jueces y magistrados, para lo cual, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) solicitó una ampliación presupuestaria de 226 millones para cubrir los gastos de estos sufragios
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, enfatizó que el presupuesto atiende las necesidades prioritarias del Poder Judicial, incluyendo la pro curación y administración de justicia, algo que no se ha reflejado, según las cifras sobre el elevado nivel de impunidad en la entidad es del 96.7%, según el ENCIG.
Mientras que el presupuesto para la Fiscalía General del Estado de este año fue de mil 701 millones 996 mil 688, de esta cantidad se gastaron 577 millones 443 mil 949 pesos en “servicios personales”. El fiscal Raciel López Salazar había solicitado casi 3 mil millones de pesos para este año y así “mejorar” los resultados de la dependencia y atender el rezago de alrededor de 100 mil carpetas de investigación, pero no se autorizó.
Hoy en día, esta dependencia mantiene un rezago del 80% en la resolución de los expedientes abiertos.
Además, se anunció una inversión de 144 millones de pesos para rehabilitar el edificio central de la ViceFiscalía en Cancún, con el objetivo de dignificar las instalaciones y mejorar la procuración de justicia.
Por otro lado, al Poder Ejecutivo le correspondieron 32 mil 897 millones 486 mil 258 pesos, los cuales contemplan recursos etiquetados de origen federal y se distribuyeron de la siguiente manera:
Para el Despacho de la Gobernadora la cantidad de 94 millones 256 mil 219 pesos, de los cuales, 13 millones 837mil 531 fueron para el Despacho de la Coordinación General de Gestión Social.
Para la Coordinación General de Comunicación se destinaron un total de 169 millones 705 mil 231 pesos.
En tanto que, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió 74 millones 716 mil 302 pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
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Pendientes en justicia
Otro de los grandes pen dientes de la actual administración ha sido precisamente esa falta de justicia, generando una enorme desconfianza ciudadana en instituciones como la FGE.
La “cifra negra” (delitos no denunciados) es del 93.5%, en lo que se refiere a ilícitos del Fuero Común, según reveló el más reciente estudio de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Un gran número de víctimas no denuncian por desconfianza en las autoridades o miedo a represalias. Aunado a esto, existe una descoordinación entre las diferentes instancias del sistema de justicia (policía, fiscalías, tribunales), señaló la Envipe.
Peor aún, hay corrupción en las instituciones, lo que genera una impunidad que tiene graves consecuencias para la sociedad, entre ellas, la pérdida de confianza, el aumento de la inseguridad y la vulneración de los derechos humanos.
En septiembre pasado, se dieron a conocer los resulta dos de la Envipe, que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de acuerdo con el estudio “Seguimiento y Evaluación de la Justicia Penal en México”, Quintana Roo figuró entre las cinco entidades con mayor nivel de desconfianza en sus autoridades, con el -0.9, en lo que corresponde a esos nueve años de medición, y la confianza ciudadana en las instituciones de justicia mostró un detrimento anual de entre -0.5 y -0.4 puntos en promedio nacional.
Además, la entidad apare ce con el 100% de impunidad en los delitos de feminicidio, desaparecidos, extorsiones, narcomenudeo, el 99.7 en homicidios dolosos y 99.5 en abuso sexual, lo que refleja un nulo nivel de efectividad de la FGE en los últimos años.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a julio del 2025, Quintana Roo no se movió del lugar 14 de 32 con mayor incidencia criminal (32 mil 90 delitos denunciados), un promedio de 4 mil 500 carpe tas de investigación iniciadas por mes.
La percepción de inseguridad fue de 78.1% en 2023, pero subió a 79.9 en 2024, colocando a la entidad en la séptima posición a nivel nacional, por cada 100 mil habitantes.
De acuerdo con el “Ranking de Capacidad Institucional”, donde el estándar ideal es de mil 400 puntos y el mínimo a alcanzar es de mil 200, Quintana Roo obtuvo única mente 440.9, colocándose en la vergonzosa posición 28 de 32, pese al importante presupuesto destinado para la impartición de justicia, que se ha elevado cada año y también en el tema anticorrupción.
Al Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción se le asignaron 110 millones de pesos, para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 59 millones 999 mil 977.
Aunque no se tienen datos abiertos sobre en qué se ejerce ese recurso, en lo que va del año, se han ventilado diversos casos de corrupción e impunidad, revelando omisiones, negligencias y conductas cuestionables por parte de las diferentes autoridades del Gobierno estatal.
