El presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Sergio Avilés Demeneghi, presentó un escrito formal para excusarse de participar en la resolución de los juicios de nulidad interpuestos contra el proceso de designación de jueces en el Poder Judicial del Estado.
La razón: dos de las candidatas seleccionadas, su hermana y su cónyuge, resultaron electas mediante un mecanismo de votación en el que él participó como magistrado.
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El incidente fue promovido por Adrián Armando Pacheco Salazar, excandidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quien argumentó que Avilés Demeneghi podría carecer de imparcialidad, ya que formó parte del pleno que avaló el sistema de votación por bloques.
Este mecanismo benefició directamente a Deyliana Avilés Demeneghi, hermana del magistrado, y a Rosalba Maribel Guevara Romero, su pareja, quienes fueron nombradas juezas en materias civil y familiar.
Según Pacheco Salazar, la votación por listas tripartitas —una por cada poder del estado— garantizó la selección de Deyliana Avilés al aparecer en las tres propuestas, lo cual, afirmó, constituye un caso de nepotismo y posible tráfico de influencias, situación que será denunciada por la vía penal.
En su escrito, Avilés Demeneghi señala que incurre en al menos tres causales de impedimento conforme al artículo 217 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, el cual prohíbe a los magistrados intervenir cuando existe:
Parentesco con alguna de las partes (hermana y cónyuge);
Amistad íntima o enemistad manifiesta con los involucrados;
Interés personal directo o indirecto, propio o de sus familiares.
También cita el artículo 42 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que prohíbe la participación en asuntos donde la imparcialidad pueda verse comprometida.
La magistrada Thalía Hernández Robledo será la encargada de resolver tanto la excusa presentada por Avilés Demeneghi como la impugnación directa promovida por Pacheco Salazar. Este caso podría sentar un precedente en la aplicación de normas de ética judicial en Quintana Roo, en un contexto donde la autonomía del Poder Judicial ha sido constantemente cuestionada.
“Este episodio expone la necesidad urgente de transparentar y profesionalizar los mecanismos de selección, para garantizar la confianza ciudadana en los tribunales”, subrayó Adrián Armando Pacheco Salazar.
