La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ingresó, hasta el 9 de julio, 21 solicitudes de permisos para extracción de materiales pétreos (sascab) en Quintana Roo, esto en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Defensores de la naturaleza dijeron que la devastación por explotación de estos bancos de materiales alcanza las 9 mil 978 hectáreas.
En la Gaceta Ecológica de la Semarnat, enlistó 26 proyectos en evaluación de impacto ambiental para el estado. De estos, 21 fueron promovidos por la Sedena, destacando 19 iniciativas para la extracción de materiales pétreos en municipios como Bacalar, Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Benito Juárez y Tulum, los cuales buscan la aprobación de la Semarnat para iniciar operaciones, con una duración proyectada de un año.
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Al respecto, Aracely Domínguez Rodríguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema), advirtió que la extracción masiva de materiales pétreos genera una pérdida irreversible de selvas y biodiversidad.
Carecen de regulación
Dijo que muchos es estos espacios no cuentan con regulación estatal ni medidas de mitigación ambiental, lo que provoca la destrucción completa de hábitats.
La remoción de estos materiales implica la deforestación y eliminación de la capa superficial del suelo, causando daños graves a la flora y fauna locales. Además, el ruido y la actividad humana desplazan a las especies sensibles como jaguares, monos araña y aves migratorias.
Otro riesgo importante es la posible contaminación de los ríos subterráneos y cenotes característicos de Quintana Roo.
La extracción de piedra caliza podría alterar la corriente de agua y dañar el manto freático, comprometiendo el equilibrio ecológico de la región.
Recordó que el impacto ambiental de la extracción de materiales pétreos ya tiene antecedentes en la zona. En mayo de 2022, la Semarnat ordenó la clausura de la explotación en los predios de Calica, filial de Vulcan Materials, debido a daños severos como pérdida irreversible del subsuelo, alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas, contaminación y alteración de la calidad del agua, así como fragmentación de ecosistemas.
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Pese a estos antecedentes, en septiembre de 2024 la Sedena ya había abierto 25 sascaberas en municipios como Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Othón P. Blanco, destinadas a proveer material para la construcción del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.
Actualmente, los 21 proyectos promovidos por la Secretaría están en evaluación por parte de la Semarnat. Si obtienen el visto bueno, podrían iniciar operaciones en los próximos meses, lo que plantea una preocupación ambiental y un posible conflicto entre desarrollo infraestructural y conservación ecológica en Quintana Roo.
A su vez, Greenpeace México denunció que estas explotaciones de materiales para la industria turística e inmobiliaria dejan cicatrices profundas en el ecosistema, como la deforestación, pérdida de especies y contaminación del acuífero.