El sector empresarial no comparte la idea de aumentar las tablas catastrales porque implicaría trasladar de forma abrupta una pesada carga tributaria a los contribuyentes, afectando severamente al comercio local, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas, que podría ocasionar a una fuente de graves distorsiones económicas y sociales, puntualizó el ingeniero, Ramón Cárdenas González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCE -R.M).
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El abogado, Leopoldo Cruz Navarro, expresidente de la Barra de Abogados de la Riviera, también aseguró que no comparte la idea de sangrar a los contribuyentes al aumentar las tablas catastrales en un 500 por ciento.
La propuesta del gobierno municipal por Morena ha causado escozor entre los contribuyentes, aunque la mayoría de la gente desconoce de ello.
Un ejemplo de las tablas, para la colonia Forjados, el valor vigente es de 550 pesos, con el aumento el contribuyente estaría pagando mil 800 pesos.
Otro ejemplo, de 750 a mil 500 que pagan actualmente, con el aumento pagarían 2 mil pesos. El ingiero Cárdenas González, mencionó que si bien reconocemos que los valores catastrales no han sido actualizados desde el año 2012, y estamos plenamente conscientes de actualizar estos instrumentos conforme a la realidad económica y urbana actual.
Consideramos que el ajuste propuesto debe contemplar el contexto económico que enfrentan actualmente los negocios establecidos en esta ciudad, así como la creciente carga regulatoria y fiscal que impacta directamente la viabilidad operativa de las empresas.
En ese contexto, refirió que el sector empresarial, no comparte la idea de aplicar un incremento acumulado luego de más de una década sin actualización, pues ello implicaría trasladar de forma abrupta una pesada carga tributaria a los contribuyentes, afectando severamente al comercio local, a las micro, pequeñas y medianas empresas.
El empresariado dijo, propone que cualquier actualización en los valores del suelo se realice con rigor técnico, transparencia y apego a derecho, con base en parámetros técnicos objetivos, como el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o índices de inflación acumulada durante el período 2024–2025, para que el incremento responda a una lógica proporcional, equitativa y acorde con la capacidad económica de los ciudadanos y empresas.
El sector empresarial reitera la apertura al diálogo y colaboración para lograr una actualización justa, gradual y transparente que cumpla con los fines recaudatorios del Ayuntamiento sin comprometer la estabilidad económica del sector productivo, ya que un gobierno que escucha, rectifica y colabora con sus ciudadanos no muestra debilidad, sino fortaleza democrática.
Por su parte, el abogado Leopoldo Cruz Navarro, expresidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya comentó, entendemos que hay que actualizarlo porque ya tiene muchos años que no se hace, hay que hacerlo bien, apegado a la legalidad, de una forma transparente, pero que todos los ciudadanos vean un incremento en el predial, cómo se realizó para que no crean que es un aumento arbitrario.
Queremos que se haga de forma adecuada y que mañana no haya inconformidad, la Barra de Abogados señala algunas observaciones para que lo tengan claro, la omisión de publicar el expediente técnico completo, esto vulnera los principios de transparencia, motivación y el derecho a una consulta pública efectiva, se tiene que realizar el dictamen técnico por especialistas, y tiene que ser público para que todos los ciudadanos participen y podamos enterarnos de cómo lo hicieron los especialistas, refirió.
La siguiente observación es respecto a la invalidez técnica del modelo por falta de robustez metodológica y representatividad estadística, esto vulnera los principios de debida motivación y de proporcionalidad y equidad tributaria, son aspectos fundamentales que el gobierno tiene que cuidar, lo que estamos avisando a la autoridad es que hay errores y es necesario que se reinicie el procedimiento, porque de otra manera estarían incurriendo en violación a la garantía de debida motivación que está en el artículo 16 de la Constitución, la violación al requisito sustantivo de equiparabilidad que la Ley de Catastro del Estado habla sobre ella y la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria lo establecen los artículos 31 fracción cuarta constitucional, agregó el abogado.
¿Qué es lo que estamos proponiendo? Que se deje sin efectos el estudio y modelo evaluatorio que sustenta la propuesta actual, reconociendo en el expediente administrativo que en su base de datos es técnicamente insuficiente e incumple con los requisitos de motivación y equiparabilidad, exigidos por la Constitución y la Ley de Catastro de Estado de Quintana Roo.
Que se instruya la realización de un nuevo estudio analítico, el cual deberá partir de un esfuerzo de recopilación de datos de mercado que sea masivo, segmentado y estadísticamente representativo, asegurando la inclusión de muestras suficientes y pertinentes para una de las distintas tipologías y zonas geográficas del municipio, explicó Cruz Navarro.
Asimismo, que el nuevo estudio y la propuesta resultante demuestren de manera explícita y documentada cómo los valores propuestos cumplen con los estándares de equiparabilidad exigidos por la ley.
La carga de la prueba para demostrar esta correlación con el mercado recae en todo momento en la autoridad emisora, (Dirección de Catastro), y se debe iniciar un procedimiento que no traiga vicios, que no sea insuficiente y que deje satisfechos a todos los ciudadanos.
