El transporte público en Cancún atraviesa uno de sus momentos más críticos: mal servicio, choferes que no respetan el reglamento de tránsito, unidades deterioradas y ahora, un aumento a la tarifa que regidores de Movimiento Ciudadano califican como ilegal y carente de validez.
A partir del 1 de diciembre, las autoridades pretenden aplicar un incremento de tres pesos: 13 pesos en zona urbana y 15 pesos en la zona hotelera, es decir, un aumento aproximado del 25%.
Autoridades estatales del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) aseguraron que se diseñó el Sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense MOBI, que contempla la modernización del transporte público con nuevas unidades, seguridad y cero corrupción, al desaparecer la figura de Tránsito.
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Según lo funcionarios, el Sistema de Movilidad MOBI responde a una sentida demanda ciudadana, reflejada en la voz de más de 25 mil personas, estudiantes, madres trabajadoras, personas con discapacidad, adultos mayores y trabajadores de los diversos sectores productivos, recopiladas mediante consultas ciudadanas realizadas por IMOVEQROO.
Para garantizar la seguridad y evitar la corrupción, la gobernadora Mara Lezama anunció que Quintana Roo será el primer estado del país en desaparecer la figura de Tránsito para dar paso a los Agentes de Movilidad, mujeres y hombres profesionales, capacitados, que operan sin contacto directo para sancionar y sin oportunidad de negociar.
Usuarios consultados afirman que, además del golpe al bolsillo, no existe justificación para encarecer un servicio que describen como “pésimo”, “riesgoso” y “desgastado”.
Las quejas coinciden: conductores que no respetan a los usuarios, principalmente a mujeres de la tercera edad, ya que en cuanto abordan las unidades se arrancan y varias mujeres han caído, provocándoles lesiones.
Tampoco respetan las paradas, hacen carreritas con otros transportistas, paran donde quieren, dan un trato ofensivo, manejan de forma temeraria y operan unidades en condiciones deplorables.
“¿Cómo quieren cobrar más si ni siquiera respetan al pasajero?”, reclama Carlos, trabajador de la zona hotelera que toma dos autobuses al día. “Vamos colgados, con choferes acelerados y camiones que se están cayendo”.
Los regidores de Movimiento Ciudadano (MC) Naty Méndez y Jesús Pool Moo, advirtieron que el aumento anunciado por Imoveqroo invade facultades municipales y no puede aplicarse.
Pool Moo destacó que miles de trabajadores utilizan dos o tres camiones al día, lo que significaría destinar cerca del 25% del salario mínimo solo en transporte. “Es un golpe duro para las madres y padres trabajadores del municipio”, afirmó.
Pool Moo explicó que la Ley de Movilidad del Estado es clara:
Artículo 25, Fracción II: el Instituto puede emitir tarifas excepto en el transporte urbano en rutas establecidas.
Artículo 38, Fracción VI: corresponde al Ayuntamiento regular concesiones y tarifas del transporte urbano en autobuses.
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“Imoveqroo no tiene facultades para fijar esta tarifa. El anuncio invade competencias municipales y es jurídicamente inválido”, señalaron los regidores.
Además, aseguraron que el Instituto tomó la decisión sin solicitar el dictamen técnico que exige la ley, ni reunirse con el cabildo que conforman los concejales, no sólo la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta,
El regidor recordó que el incremento se anuncia sin resolver problemas de infraestructura urbana: baches, falta de carriles exclusivos, ausencia de confinamientos viales y ninguna mejora real en la operación del servicio. “Así, cualquier nueva flota terminará deteriorándose, igual que las unidades que han intentado implementar en otros municipios”, señaló
A esto se suma la versión de que las unidades pequeñas serían retiradas gradualmente para dar paso a nuevos camiones, sin que exista claridad sobre tiempos, rutas o beneficios reales para los usuarios.
Pool Moo reconoció que el incremento del combustible presiona a los transportistas, pero enfatizó que esto no justifica saltarse al Ayuntamiento ni modificar tarifas sin el proceso legal correspondiente.
Mientras tanto, usuarios exigen ser escuchados: “Queremos seguridad, respeto y camiones en buen estado, no aumentos”, reclama Mariela, empleada de supermercado.
La inconformidad crece y la falta de coordinación entre autoridades solo profundiza un problema que afecta diariamente a miles de cancunenses.