Autoridades municipales anunciaron la cancelación del programa alcoholímetro en la ciudad, al considerar que se había convertido en un dispositivo controvertido que generaba malestar social y dudas sobre su aplicación, lo que dividió a ciudadanos entrevistados.
Indicaron que la determinación responde a la necesidad de replantear las estrategias de seguridad vial con criterios de mayor transparencia y credibilidad pública.
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El esquema había sido objeto de señalamientos constantes por presuntos abusos de autoridad, opacidad en los procedimientos y posibles anomalías durante su ejecución. Si bien reconocieron que la finalidad era prevenir percances relacionados con el consumo de bebidas embriagantes, admitieron que la percepción negativa terminó por restarle legitimidad.
POR ESTO! llevó a cabo un sondeo con siete residentes de distintas zonas de la ciudad. Mariana López, empleada del sector hotelero, consideró acertada la suspensión al señalar que “muchas personas sentían temor por la manera en que se desarrollaban las revisiones”. En contraste, Juan Ramón Morales Ramírez, conductor de transporte privado, opinó que eliminar los puntos de control podría elevar los riesgos en las vialidades, pues “era una acción que sí fomentaba la prevención”.
El empresario Wilberth T. comentó que pudo ser una iniciativa positiva si se hubiera aplicado con apego a la ley y enfocada en quienes realmente conducen en estado de ebriedad. “No creo que lo usaran para evitar accidentes, sino para detener a quienes tomaban dos o tres cervezas en una comida y sacarles dinero. En ese sentido, me parece correcto que lo retiren; no lo implementaban como debía ser, a diferencia de otros lugares”, expresó.
“El alcoholímetro es una herramienta útil porque reduce siniestros viales; lo que no se vale es que algunos agentes se aprovechen para obtener dinero. No deberían permitir actuar a elementos corruptos y a quienes sean sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, que cumplan con la sanción correspondiente. Incluso podría ampliarse como un programa integral que incluya detección de drogas y armas”, señaló el ciudadano Fernando Padilla.
Horacio Reyes indicó que “en México, como en los países civilizados, existen normas que buscan evitar excesos que provocan tragedias. El alcohol y otras sustancias generan conflictos y hasta muertes por irresponsabilidad”.
Subrayó que es necesario establecer retenes ante la falta de conciencia de algunas personas y las multas ayudan a regular esa conducta. “Todos sabemos que hay corrupción. Primero debe erradicarse esa mala imagen de la corporación; si hay voluntad se puede. La venta de bebidas no se detendrá, pero sí pueden aplicarse castigos para disminuir accidentes”, resaltó.
El exdiputado Francisco Amaro indicó que en su momento la medida fue necesaria, debido a la imprudencia de algunos conductores y falta de eficacia de la autoridad de Tránsito, lo que obligó a implementar esos filtros, que inicialmente resultaron exitosos por la disminución de choques fatales.
“Hoy debería aplicarse solo en temporadas altas, como recordatorio de que no es persecución sino prevención. Cancelarlo sería lamentable, aunque en su última etapa se convirtió en un mecanismo de extorsión. Había agentes apostados dos esquinas antes de los bares para detener y presionar a los automovilistas. Funciona, pero debe reorganizarse y fortalecerse”, sostuvo.
Laura Méndez, comerciante del centro, coincidió en que el plan necesitaba ajustes, no desaparecer.
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Un estudiante universitario añadió que el dispositivo había perdido credibilidad por denuncias ciudadanas y que cualquier nueva estrategia debe garantizar reglas claras y trato equitativo.
El Gobierno municipal precisó que la suspensión no implica relajar las acciones en materia de tránsito, sino iniciar una revisión para diseñar mecanismos de prevención más eficaces y con mayor aceptación pública. Entre las alternativas se contemplan campañas de sensibilización, esquemas de supervisión distintos y la participación de organismos ciudadanos en la vigilancia de futuras disposiciones.
Los entrevistados comentaron que en Cancún, donde la actividad turística es uno de los principales motores económicos, el debate sobre los puntos de control ha cobrado relevancia por el flujo constante de visitantes nacionales y extranjeros.
