El análisis para derogar la “Ley Chaleco” volvió a quedar en pausa. La Comisión de Movilidad de la XVIII Legislatura de Quintana Roo abrió la revisión de la iniciativa presentada por José Luis Pech Várguez, diputado de Movimiento Ciudadano, pero decidió aplazar su discusión para una fecha aún no definida hasta el momento.
La sesión inició únicamente con dos diputados de Morena, Wilberth Alberto Batún Chulim y José María Chacón Chablé, así como Jorge Armando Cabrera Tinajero, del PVEM.
Las ausencias de Euterpe Gutiérrez Valasis, perteneciente a Morena, y Reyna Tamayo Carballo, perteneciente al PAN, destacaron sobre todo porque la reunión ya había sido aplazada sin explicación aparente de las dos de la tarde hasta las seis.
El análisis surgió después de que el 13 de noviembre del año en curso, Pech Várguez exhibió desde la tribuna del Congreso del Estado de Quintana Roo al presidente de la Comisión de Movilidad, Batún Chulim, por presuntamente bloquear durante un año la discusión de su propuesta y “ocultar oficios que solicitaban avanzar en el tema”.
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Durante la exposición técnica, el personal jurídico de la comisión dejó entrever que la propuesta de derogación no prosperará.
Defendió la vigencia de la “Ley Chaleco” al afirmar que medidas similares ya operan en estados como Chiapas, Puebla y Guanajuato, y que incluso en la Ciudad de México se analiza su implementación.
La iniciativa busca eliminar el artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad, que obliga a motociclistas y acompañantes a portar casco y chaleco reflejante con el número de placa impreso.
Según el área jurídica, la disposición responde a “modelos previos” ya aplicados en otras entidades.
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Los diputados presentes no hicieron comentarios. No obstante, el Dr. Pech tomó la palabra y defendió su iniciativa, así como criticó la permanencia de esta regulación.
El Dr. Pech señaló que la medida es desproporcionada y no guarda relación con la seguridad vial, pues la ley ya contempla requerimientos de visibilidad, señalización y emplacamiento suficientes para identificar motocicletas.
Agregó que la norma es jurídicamente inaplicable, ya que exige cascos que cumplan una Norma Oficial Mexicana que fue cancelada el 1 de junio de 2023, por lo que ningún casco disponible cumple ese requisito:
“Si esta comisión vota en contra, estará obligando al ciudadano a cumplir una ley cuyo cumplimiento es imposible”, aseveró.
El senador también calificó la medida como “estigmatizante, discriminante y monopolizante para los motocicilistas”, al partir de la idea de que “todo usuario es un delincuente potencial”.
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Señaló que sólo se aplica a este sector, que los chalecos serían distribuidos exclusivamente por el Instituto de Movilidad de Quintana Roo y que ello podría convertir la regulación en un negocio estatal.
Asimismo, afirmó que la ley carece de sustento técnico, pues, según sus propias palabras, no existen estudios que demuestren que el uso obligatorio de chalecos con placa reduce delitos cometidos en motocicleta.
Incluso citó el caso de Colombia, donde la medida se instauró y posteriormente se suspendió sin evidencia de su efectividad.
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La comisión convocará posteriormente a una nueva sesión para continuar el análisis, aunque por ahora no existe fecha definida. Mientras tanto, el futuro de la “Ley Chaleco” permanece en el aire.