La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), continúa con la construcción de un complejo militar que abarca aproximadamente 74 mil 322.80 metros en un área de vegetación de selva mediana subperennifolia, pese a que no cuenta con los permisos establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), hecho que implicaría un grave daño a la fauna y flora nativa del sur de Quintana Roo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) siguió adelante con la construcción de un complejo militar en Chetumal, aun después de que la dependencia ambiental negara la autorización oficial en agosto de 2024.
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La obra ya presentaba daños directos en áreas forestales sin los permisos correspondientes.
La decisión de Semarnat de rechazar el trámite SEMARNAT-04-002-A se basó en que el proyecto, denominado “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar… ‘Construcción de Instalaciones para dar Seguridad (Frente 10)’”, perdió su carácter preventivo, puesto que cuando fue evaluado, ya se encontraba en ejecución y con avances significativos.
El proyecto abarca 74 mil 322.80 metros cuadrados y contempla el cambio de uso de suelo en 45 mil 531.11 metros cuadrados de selva mediana subperennifolia.
Su diseño incluye zonas operativas, espacios de descanso, infraestructura de mantenimiento y bodegas, además de instalaciones para las compañías GN Cap. 150 y GN 210 Elementos.
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Los trabajos se desarrollan en dos predios localizados en la entrada de Chetumal, junto al Aeropuerto Internacional administrado por Grupo Mundo Maya, una empresa militar puesta en marcha en 2023.
En esos terrenos se construyen instalaciones destinadas tanto a la Guardia Nacional como al Cuerpo de Policía Militar.
La revisión técnica reveló que la Sedena inició del cambio de uso de suelo y parte de la edificación sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), autorizada, lo que constituye una violación a los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a su reglamento.
Además, la dependencia castrense omitió el pago de derechos por la recepción, evaluación y resolución de la MIA-P, correspondiente a 93 mil 150 pesos, así como un monto previo de 46 mil 574 pesos.
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Con estos elementos, la Semarnat concluyó que el proyecto incumplió la normatividad ambiental federal desde su etapa inicial y dejó en evidencia que las obras continuaron pese a la resolución negativa de la autoridad.
