Derivado de la manifestación realizada por los habitantes del ejido de Nicolás Bravo durante la mañana del miércoles 30 de julio, en las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), situada en las inmediaciones del poblado, el comisario ejidal de la localidad, Justo Ek, dio a conocer una minuta de dos páginas con las cuales se exige resolver de manera urgente las carencias en el suministro de agua potable.
Asimismo, el incremento injustificado en la tarifa de pago, que, de acuerdo con los agraviados, ya ronda los 200 pesos mensuales, lo que contrasta severamente con las tarifas en las demás comunidades donde el pago del agua no pasa de los 50 pesos.
En ese sentido, mediante una minuta de dos páginas, los inconformes enlistaron ocho peticiones para el Gobierno del estado, el Ayuntamiento Municipal de Othón P. Blanco y las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).
Los habitantes de la localidad demandaron la revisión inmediata de la tarifa actual, ya que los aumentos mensuales afectan gravemente la economía familiar de los pobladores, que en su mayoría se dedican a la agricultura y a la producción de caña. Ahondando más en la problemática, los afectados señalaron que, de manera mensual, les obligan a pagar hasta 200 pesos en tarifa de agua, pese a que muchas ocasiones pasan días sin el servicio.
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De igual forma, los agraviados exigieron el otorgamiento de un subsidio del 50 por ciento a personas de la tercera edad y a los individuos con capacidades diferentes, así como que la revisión del sistema tarifario sea realizada por personal de Chetumal o del estado, debido a las afectaciones económicas hacia el sector más vulnerable de la comunidad, antes mencionado.
De la misma manera, los manifestantes exigieron la reparación de daños causados por los trabajos de CAPA en calles, banquetas y aceras, los cuales actualmente quedan inconclusos por falta de materiales, de acuerdo con los testimonios de los agraviados.
Aunado a ello, exigieron la cancelación de los medidores implementados en los domicilios desde hace 5 años, de acuerdo con los testimonios de los pobladores, estos solo “inflan el consumo de agua”.
Por otra parte, los padres de familia exigieron una “aplicación adecuada de políticas de corte”, ya que, aunque se establece que el corte del servicio doméstico debe realizarse tras 18 meses de adeudo, se han registrado casos donde se ha suspendido el suministro tras solo tres meses, lo que ha afectado negativamente sus actividades laborales y quehaceres del hogar.
Del mismo modo, exigieron el “congelamiento” de adeudos al cancelar una toma, como lo dicta la política de la institución, para que en caso de reactivación se cobre únicamente lo acumulado hasta la fecha de cancelación.
Finalmente, pidieron la investigación de tomas clandestinas, y la revisión de la venta de agua en pipas. Los afectados señalaron que los dueños de los ranchos tienen privilegios por parte del personal de CAPA, al cual posteriormente le pagan de “más” para recibir un sinfín de pipas de agua.
Los pobladores exigieron la destitución inmediata de la administradora y del auxiliar administrativo del módulo local de CAPA, debido a las acusaciones de discriminación, intimidación, malos tratos y hasta hostigamiento a domicilio.