La desconfianza ciudadana en Lázaro Cárdenas, municipio donde la policía local fue, hasta hace poco, un símbolo de esperanza frente a la corrupción estatal, se desmorona ante la ola de violencia que ha aumentado más de un 80% este año.
Según pobladores, la inacción de los mandos y el temor de los propios agentes genera que se sientan vulnerables ante un estado de indefensión sin precedentes.
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La corporación municipal, integrada por residentes de la localidad y considerada la menos infiltrada por el crimen organizado en el estado, está bajo la lupa debido a múltiples reportes por abuso de autoridad, extorsiones a conductores y respuestas tardías —o incluso inexistentes— ante accidentes, riñas o delitos de alto impacto.
Habitantes de Lázaro Cárdenas, que solicitaron el anonimato, señalaron que este silencio, más que reflejar complicidad directa, se percibe como miedo y negligencia, afectando la credibilidad de la única institución local que la comunidad consideraba “limpia”.
En la zona sur, la desconfianza surge de una notoria ausencia policial, pese a hechos que debieron activar una alerta máxima. El reciente ataque a balazos, el hallazgo de una narcofosa a escasa distancia del municipio y la doble ejecución de septiembre, seguida del “levantón” de octubre, no provocaron una sola respuesta estratégica por parte de los mandos para reforzar la vigilancia.
La posible intervención de la policía estatal, como han insinuado las autoridades, genera más temor que los propios delincuentes, pues se sabe que dicha corporación está contaminada por elementos vinculados con el crimen. Su sola presencia, en teoría destinada a fortalecer la seguridad, se percibe como una amenaza de que la delincuencia aumente. Por ello, la población confía más en instituciones como las Secretarías de Marina (Semar) y Defensa Nancional (Sedena).
Mientras tanto, en la zona norte, los pobladores atribuyen la falta de acción a un factor humano y logístico devastador: los agentes son oriundos del lugar, temen por su integridad y la de sus familias. La carencia de equipamiento adecuado y armamento suficiente los coloca en una posición de inferioridad frente a criminales que operan con impunidad y arsenal de alto calibre.
Incertidumbre
Aseguraron que la estrategia ha sido la evasión: prefieren llegar tarde que enfrentarse a los delincuentes. Esta autocensura motivada por el instinto de supervivencia, plenamente justificada por sus precarias condiciones, es la causa directa del deterioro de la confianza pública, dejando un vacío de autoridad que el crimen organizado ha ocupado rápidamente.
La visión limitada de los mandos, incapaces de capacitar y dotar de recursos a los elementos asignados a las comunidades ha generado además un desinterés total por integrarse a una corporación que se percibe abandonada.
El incremento de la violencia, que las autoridades insisten en calificar como “casos aislados”, causa terror entre la población. Esto demuestra que la criminalidad está escalando a nuevos niveles y expandiéndose hacia más territorios.
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Este año comenzó con la desaparición de un padre e hijo en San Cosme, “levantados” sin dejar rastro. Entre febrero y abril hubo dos casos más en Santo Domingo y Chiquilá, pero el punto más alto de impunidad llegó con el secuestro de los empresarios campechanos Óscar V. y Fernando H., lo que derivó en operativos masivos de la Guardia Nacional. Estos concluyeron con el hallazgo de ambos, sin vida, cerca del poblado Leona Vicario y la detención de un exfuncionario, Marcos “N”., como presunto halcón.
Los ciudadanos señalaron que esa intervención federal, lejos de restaurar la confianza, la deterioró aún más. Los operativos de la Guardia Nacional en abril terminaron con cateos y destrozos en viviendas, dejando un rastro de desconfianza, incluso, hacia las Fuerzas federales.
Añadieron que la violencia no cesó: en junio fueron ejecutados dos jóvenes en San Francisco; en septiembre, otros dos en Santa Melba; en octubre ocurrió un nuevo levantón, y este noviembre, un ataque armado en un domicilio de Valladolid Nuevo confirma el patrón de un incremento superior al 80% respecto al año anterior. La espiral ascendente de la criminalidad, que continúa extendiéndose, evidencia la incapacidad local para contener la situación.
Los pobladores rechazan tajantemente la posible intervención de la policía estatal, una dependencia donde, según conocimiento público, hay elementos con vínculos comprobados con la delincuencia organizada.
La solución, afirmaron, pasa por una sola vía: exigir apoyo interinstitucional directo de la Semar y la Sedena. La confianza ya no recae en las corporaciones policiales, ni siquiera en la Guardia Nacional, que ha mostrado fallas en sus procedimientos y en el respeto a la ciudadanía.
Lamentaron que, por miedo, falta de equipo y ausencia de liderazgo, la seguridad esté vulnerada.
Recriminaron que el silencio de los mandos es ensordecedor; lo que acrecienta la desconfianza de la población y el miedo es generalizado, prefieren callar para no meterse en problemas.
