El Poder Judicial del estado enfrenta nuevamente cuestionamientos por presuntos actos de favoritismo y violaciones procesales.
Lo anterior, luego de que tres jueces ordenaran la liberación de un hombre acusado de violencia familiar, extorsión y otros delitos graves, pese a que existía orden judicial de mantenerlo en prisión preventiva.
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De acuerdo con la víctima, las Juezas de Control Ana Graciela Vidal Pérez y Ana Elizabeth Duk hoy, junto con el magistrado del tribunal oral Eddie Israel Canul Rodríguez, habrían actuado fuera de sus atribuciones al liberar a Róger Armando “N”, quien fue extraditado desde Texas el pasado 14 de septiembre, tras permanecer prófugo de la justicia por casi dos años.
Según la versión de la afectada, los funcionarios judiciales resolvieron la libertad del imputado sin audiencia previa ni notificación a las partes y adelantaron los efectos de un amparo que aún no tenía resolución definitiva.
La orden fue firmada por la jueza Duk Hoy, pese a que no tenía competencia sobre el caso, lo cual podría constituir una falta grave conforme al Artículo 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
El acusado enfrenta cargos por violencia familiar, violación a la intimidad personal, extorsión e incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Sin embargo, apenas dos semanas después de su reclusión en el Cereso de Chetumal, el 26 de septiembre, el juez Canul Rodríguez modificó la medida cautelar de prisión preventiva, permitiendo su liberación aun cuando el amparo promovido por la defensa no había causado ejecutoria.
No hay fundamento
La víctima acusó que la decisión judicial ignora el carácter de prisión preventiva oficiosa que la ley establece para el delito de extorsión.
“El Estado gastó recursos para traerlo y las juezas lo liberaron sin fundamento. Ahora vuelve a estar ilocalizable”, lamentó.
Fuentes jurídicas confirmaron que los actos de los tres jueces podrían derivar en sanciones de suspensión o destitución, al vulnerar los principios de legalidad, imparcialidad y honradez.
El caso sería uno de los primeros que revise el Tribunal de Disciplina Judicial, recién creado para evaluar la conducta de jueces y magistrados en el estado.
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Evidencias
Este episodio no es aislado. Abogados litigantes han evidenciado una tendencia creciente a liberar imputados por delitos graves debido a errores procesales, criterios discrecionales o interpretaciones laxas de la ley.
“Modificar una medida cautelar sin que exista ejecutoria del amparo es una violación directa a la legalidad procesal”, dijo el abogado constitucionalista Arturo Barradas y aseguró que es un precedente peligroso, porque envía el mensaje de que la justicia puede manipularse.
En tanto, la académica en derecho penal, Sandra Méndez López, advirtió que la falta de experiencia y la designación política de jueces sin carrera judicial sólida están creando un clima de impunidad.
Refirió que el caso de Róger Armando “N” se suma a una serie de resoluciones cuestionadas en los juzgados penales de Quintana Roo, donde la justicia parece inclinarse cada vez más hacia los acusados que hacia las víctimas, un escenario que mina la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
El exsenador y dirigente de Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez, calificó el caso como “una muestra de cómo el sistema judicial se descompone desde adentro”.