Albañiles, contratistas y colocadores en la ciudad acusaron extorsión de policías y del crimen organizado, en especial los fines de semana, cuando cobran su “raya”, situación que los lleva a enfrentar inseguridad.
Aseguraron que en las obras donde los contratan sufren por pagos incompletos de extensas jornadas, de hasta 12 horas al día, crimen organizado incrustado en el sector, así como una drástica caída en la demanda de mano de obra.
Arsenio Flora, Silvio Chan Balam y José Martínez, provenientes de diferentes comunidades de Yucatán, afirmaron que la situación que atraviesan los trabajadores de la construcción se ve también afectada por un gran número de migrantes de Centroamérica que llegan a la ciudad y buscan una fuente de ingreso “de lo que sea, aunque no sepan hacer las cosas, pero deciden cobrar más barato que nosotros y eso nos ha perjudicado aún más”, expresaron.
Chan Balam, originario de Kantunil, Yucatán, comentó que desde hace más de 30 años llegó a Cancún para emplearse en la albañilería. “Antes todo era seguro. En las obras -construyendo casas, hoteles, centros comerciales- había tranquilidad. Desde hace algunos años todo ha cambiado, con la llegada del crimen organizado y luego, los policías nos roban los fines de semana”.
Algunos afectados señalaron que “en las obras las extorsiones son de 500 pesos semanales. Si no le entras, la advertencia es que a la salida están los gatilleros”.
Subrayaron que ahora prefieren buscar trabajos por su cuenta. “Somos los ingenieros, contratistas, albañiles. Todo en uno. Así no tenemos que pagar extorsiones o arriesgar nuestra vida en manos del crimen organizado”, indicaron.
El Sindicato de Trabajadores de la Construcción, Gasolineras y Comercio reconoció que el crimen organizado se ha infiltrado en las obras en Quintana Roo, imponiendo “cuotas obligatorias” a los albañiles y generando un clima de inseguridad, que afecta gravemente al gremio.
La situación se agudiza debido a la falta de atención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), que en ocasiones ni siquiera recibe las denuncias formales de los trabajadores, lo que ha obligado al sindicato a acompañar a los afectados y brindarles asesoría legal gratuita.
El gremio, que cuenta con unos 12 mil afiliados en el estado, ha puesto a disposición de sus miembros un despacho jurídico para hacer frente a esta problemática, así como a otros delitos que pudieran afectarlos en el ejercicio de su labor.
Antecedentes
En marzo de 2024 se llevó a cabo la detención de una banda de ocho personas, dos de ellas menores de edad. Con ello, la Fiscalía de Quintana Roo abrió una cloaca: la operación del crimen organizado somete a albañiles que son usados como “halcones” o distribuidores de droga. Quien se resiste es ejecutado.
El ejido Alfredo V. Bonfil es la zona de operación de criminales desde hace décadas. Las autoridades encontraron fosas con personas reportadas como desaparecidas.
Bonfil es considerado por el Gobierno estatal como “bastión de poder y refugio” de criminales. Con 20 mil habitantes, de los que el 60 por ciento son inmigrantes, el ejido albergó a un grupo delictivo liderado por una mujer, originaria de Amatitlán, Veracruz.
La fémina, exagente de la extinta Policía Judicial Federal, conformó un cártel en la ciudad, en alianza con uno de Sinaloa. En el sexenio de Roberto Borge (2011-2016) expandió su influencia en la entidad.
Fue detenida el 9 de agosto de 2017 por elementos de la Seido y la Secretaría de Marina en Puebla; sin embargo, cinco años después, el 11 de noviembre de 2022 fue absuelta de las acusaciones de delitos contra la salud, delincuencia organizada y portación de arma de fuego.
