Un operativo realizado por autoridades de investigación de la Fiscalía General del Estado permitió ubicar y resguardar a dos mujeres de nacionalidad guatemalteca, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante el cumplimiento de una orden de cateo en un bar ubicado sobre la avenida Tulum, de Cancún.
La intervención se llevó a cabo tras diversas indagatorias realizadas por la Policía de Investigación, cuyos resultados fueron integrados por la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Trata de Personas para solicitar el mandamiento judicial correspondiente. La diligencia fue autorizada por un juez y ejecutada con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Benito Juárez.
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Durante la revisión del establecimiento, los agentes localizaron diversos indicios relacionados con la posible comisión de delitos, entre ellos paquetes de preservativos, libretas con anotaciones y dosis de hierba seca de color verde. Todo el material fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración en la carpeta de investigación.
De acuerdo con las primeras líneas de investigación, la encargada del bar presuntamente obligaba a las mujeres que laboraban en el sitio a ofrecer servicios sexuales a los clientes. Por cada servicio se cobraba alrededor de mil 500 pesos, de los cuales la mitad era entregada al establecimiento.
Asimismo, se detectó que realizaban actividades de “ficheo”, consistente en consumir bebidas con clientes a cambio de un pago aproximado de 220 pesos por cerveza.
Las autoridades señalaron que estas prácticas se realizaban bajo condiciones de vulnerabilidad y control, lo que podría configurar el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Tras concluir el cateo, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de la autoridad ministerial, con sellos oficiales para impedir su operación mientras continúan las investigaciones.
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Las evidencias recabadas serán clave para determinar responsabilidades y ubicar a posibles implicados en la operación del sitio. En tanto, las dos mujeres fueron puestas bajo protección institucional para salvaguardar su integridad y brindarles acompañamiento, atención médica y apoyo legal debido a su situación.
La autoridad ministerial informó que el caso sigue en proceso y que se continuarán las indagatorias para establecer si existen más víctimas y si el establecimiento formaba parte de una red dedicada a la explotación sexual en la zona.
