A la ola de despidos en el Gobierno del Estado contra personas que suponen de filiación priísta o que tienen contratos recientes, se sumó ayer el alcalde de Kanasín, William Román Pérez Cabrera, quien echó a cerca de 200 personas de su propio partido, el PRI, entre ellos a 40 sindicalizados.
En el caso de los sindicalizados, el dirigente Jervis García Vázquez informó que en varias dependencias del Ejecutivo estatal a varios les exigieron que renuncien a la organización y, posteriormente, firmen sus salidas de sus empleos.
El dirigente del Sindicato de Burócratas dijo que defenderán los puestos de trabajo de los sindicalizados hasta “las últimas consecuencias”, pues recordó que cuando se reunió con el Gobernador Mauricio Vila Dosal, el Ejecutivo le dijo que no habría ninguna acción en contra de ellos.
“Y luego eso lo ha repetido en la prensa, pero tenemos conocimiento de que han intentado echar a unos 30 miembros del sindicato. Nosotros tendremos acercamientos con los funcionarios en defensa de los compañeros, siento que podemos llegar a algún arreglo. No se tocará a ningún sindicalizado, porque hay una relación de respeto y coordinación”, dijo.
Vamos a intervenir
“Hasta ahora tenemos el reporte de algunas personas que les están aumentando su horario, a otras que les piden que renuncien al sindicato, en algunos lugares están despidiendo a algunos sindicalizados, que es donde vamos a intervenir”, señaló.
García Vázquez indicó que, en los demás casos de despidos que son de personal de confianza o incluso de base, “no sabría qué pasa, porque no son sindicalizados. Tuvimos una plática con el Gobernador en la que acordamos que a ellos no los iban a despedir, en su toma de protesta declaró que no se iban a meter con los sindicalizados”.
Sin embargo, dijo que “tenemos la experiencia de que una cosa es lo que digan los titulares y otra es la que hacen los mandos medios”.
Por lo que toca al caso de Kanasín, dijo que el alcalde Pérez Cabrera corrió a 40 sindicalizados. “Ayer hubo reunión donde los compañeros fueron amenazados por los directores, fuera de horas de trabajo, para que no asistan y lo que queremos es dialogar con el presidente municipal y tratar de llegar a un arreglo”.
“Con estos que despidieron o arreglamos por el diálogo o vamos a llegar a las últimas consecuencias”, advirtió y agregó que, por ejemplo, los pensionados que tenían un apoyo mensual lo perdieron o no les han pagado, y los que ganaban dos mil pesos a la quincena vieron reducidos sus emolumentos a mil cien, bajo amenaza con ser despedidos si se organizan para defenderse”, abundó.
“Así paga a los que votaron por él, con quienes hizo compromisos en campaña”, apostilló.
Sigue ola de despidos
Por otra parte, los despidos en el Ejecutivo se extendieron ayer a personal de base, como el caso de una señora que estaba en la Secretaría de Desarrollo Rural y que afirmaba tener 26 años de antigüedad en el Ejecutivo, en varias dependencias.
La guadaña cercenó también cabezas de empleados del área de Comunicación Social de varias dependencias y, en el Instituto para la Educación de los Adultos del Yucatán (Ieaey), 70 personas fueron despedidas, a pesar de que sus contratos fenecían hasta el último día del presente año.
De acuerdo con un testimonio de uno de los afectados, personal de la Consejería Jurídica citó a trabajadores por contrato en las oficinas centrales del Ieaey, donde uno por uno fueron pasando a una oficina.
Dijo que los forzaron a entrar sin teléfono celular o algún dispositivo electrónico que pudiera grabar audio o video. Fueron objeto de revisión corporal para asegurar que no hubiera posibilidad de documentar el trato humillante de que fueron objeto.
Abundó que, posteriormente, les fue exigida su renuncia “voluntaria” a cambio de un finiquito que estaba muy por debajo de lo que la ley establece, no sin antes amenazarlos que no tenía caso que se fueran a tribunales. Algunos aceptaron, otros están pensando qué hacer.
(Rafael Gómez Chi)