Por Alberto Híjar Serrano
Lucha de clases por la libertad, la amnistía de hecho a la Gordillo y tres de sus operadores contrasta con el indebido proceso legal a los presos políticos de la CNTE, la CRAC, los defensores del agua de Tlanixco y otros activistas sociales. La novedad es el caso del profesor de filosofía José Luis Medrano, amenazado de muerte por un grupo autodenominado La Unión. El telefonema concluye: “Lo volvemos a ver en la Junta con su puto abogado. Van a valer madres. Avísales a los demás putos”. Ni una falta de ortografía y el uso del refrán “sobre aviso no hay engaño”, revela una redacción culterana del todo distinta a la barbarie de los criminales profesionales. La firma alude a un grupo de Tepito. La causa es el largo pleito legal que el profesor jubilado ha ganado en todas las instancias legales necesarias contra el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal dirigido por Cipactli Dinorah Pizano. El pleito sigue porque el IEMS se niega a pagar el faltante de la pensión asignada desconociendo la antigüedad ejercida en el sistema de preparatorias a la par del servicio en el Colegio de Bachilleres donde el profesor cumplió con creces sus obligaciones ampliadas a la organización constante de talleres para celebrar acontecimientos históricos. Es fundador del Sindicato de Trabajadores del IEMS. No hay antecedentes de vinculación de las autoridades con grupos de choque, salvo en la destrucción del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo cual no niega la posibilidad de que esto ocurra como parte del estado de shock propiciado por grupos de poder urgidos de probar su “músculo”. Las decisiones de autoridades despóticas alimentan estas maniobras como ocurre en el CCH Azcapotzalco de la UNAM en proceso de apoyo de otras instituciones de enseñanza media superior como la Preparatoria 5 de Coapa. La amenaza al profesor Medrano es inédita por su personalización y por alertar sobre la resistencia de las autoridades educativas y delegacionales para cumplir con derechos laborales tan justos como la jubilación.
La amnistía e impunidad para instaurar la Cuarta República son violentadas y corrompidas no sólo con el caso Gordillo sino con el de Odebrecht con alcance internacional. La impunidad para Emilio Lozoya el director de PEMEX, denunciado como receptor de los sobornos para derivarlos a los gastos de campaña de Peña Nieto, ha sido declarado improcedente, tanto como el escándalo de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec y de la olvidada casa de campo en Malinalco del todavía canciller Videgaray. Esta corrupción es necesaria a la globalización capitalista a toda costa para beneficio de los operadores financieros para hacer del Estado una impune dictadura de clase. Tal ha sido la historia de las reformas de consolidación del Estado capitalista, incluyendo las del gobierno de Benito Juárez cuya honradez republicana es ejemplar gracias a la integridad del brillante grupo de liberales constructores de la Constitución de 1857. El proyecto de economía política capitalista exigió la desamortización de bienes en manos muertas para dar lugar a su compraventa procreadora de una oligarquía terrateniente que despojó de sus territorios a las naciones indígenas. La represión alcanzó a la resistencia en la Sierra Gorda, en Puebla y Tlaxcala con Alberto Santa Fe, militar vencedor de la invasión francesa impactado por las prácticas utópicas de Considerant en Texas y en Chalco con la Escuela de la Luz, fundada por el anarquista Rhodakanaty, donde se formó Julio López Chávez, a la postre fusilado. Leticia Reina ha historiado los numerosos levantamientos indígenas campesinos contra el feroz coloniaje interno del Estado capitalista en el siglo XIX culminado con la dictadura de Porfirio Díaz.
Ahora, no basta con homenajear a Juárez en un billete, sino es necesario enfrentar la corrupción de la justicia como ocurre en Chiapas donde el Congreso se apresuró a cambiar la Constitución estatal para legalizar la senaduría del gobernador Velasco, quien de inmediato obtendrá licencia para culminar su gobierno corrupto. En Morelos, la designación de Fiscal General y otros funcionarios garantiza el ocultamiento de los latrocinios del gobierno de Graco Ramírez. Grave es el amañamiento de los procesos penales, por ejemplo, contra Gonzalo Molina, de la CRAC, cuyas defensas han probado la inexistencia de los delitos atribuidos que debieran significar su libertad, pero su proceso ahora ha sido remitido a Tixtla para prolongar su encarcelamiento en Chilpancingo donde ha sufrido mala atención médica y maltratos. El caso Medrano puede significar una escalada represiva hasta el campo laboral, pero también puede ser una prueba de respeto legal a los derechos de los trabajadores de por sí disminuidos por las reformas del agónico sexenio de Peña. Habrá que estar en alerta máxima.