Las Secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aceptaron la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque no han cumplido con la obligación de restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general.
En un comunicado conjunto, las dependencias reconocieron que las recomendaciones son para velar por los derechos humanos a la alimentación, el agua salubre, un medio ambiente sano y a la salud.
“Cada una en el ámbito de su competencia y atribuciones, así como con estricto apego a las normas y procedimientos que constituyen su marco jurídico de actuación, ejecutarán las acciones de planeación, coordinación, regulación, colaboración y capacitación que derivan de dicha recomendación.
“Para dar cumplimiento a la recomendación, las dependencias acordaron establecer mecanismos de coordinación para realizar diversas acciones, entre las que destaca la conformación del Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (CEIIEAPAP)”, se indica.
El objetivo de las dependencias es atender puntualmente el contenido de la recomendación emitida por la CNDH.
Qué dice la recomendación
Con fecha 26 de diciembre del 2018, la CNDH emitió a través de su presidente Luis Raúl González Pérez, la Recomendación 82/2018 en la que plantea el problema regulatorio de estos productos que están prohibidos y son utilizados sin discriminación.
El documento entregado a cada una de las dependencias plantea que los pesticidas son sustancias para prevenir, repeler, combatir y destruir a los organismos que son nocivos para los cultivos y el auge en su uso fue después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de los años cincuenta se reportó que causaban daño a la salud por su toxicidad y comenzó la regulación.
La propia Cofepris e investigadores del Cinvestav han documentado los efectos en la salud, el efecto en suelo y agua sobre el uso de pesticidas.
Sin embargo, las propias autoridades han respondido que no tienen la infraestructura ni los recursos para verificar que no se usen.
POR ESTO! ha publicado sobre estudios de la UADY que señalan que han encontrado rastros de pesticidas en la leche materna de mujeres del campo.
—“Se cuenta en el presente caso con evidencias suficientes para que esta Comisión Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, presente queja ante la instancia que corresponda, y servidores públicos de la Semarnat, la Sader, la Cofrepris y el Senasica, que resulten responsables”.
A la Semarnat le recomendó que en 3 meses, conforme el Comité Especializado en la Identificación e Investigación sobre los Efectos Adversos de Plaguicidas Altamente Peligrosos, que se integre por servidores públicos capacitados en la materia, con participación de representantes de centros de investigación con experiencia en el tema, así como con las organizaciones de la sociedad civil debidamente inscritas en el Registro Federal del Instituto Nacional de Desarrollo.
El objetivo será garantizar la debida coordinación entre autoridades, el fortalecimiento de los mecanismos y acciones de coordinación con las instituciones y autoridades involucradas en la regulación de la gestión de los plaguicidas, la identificación de aquellas sustancias que resulten peligrosas para el medio ambiente y/o para la salud, para el establecimiento de regulaciones y medidas efectivas de prevención y/o mitigación de los posibles daños ocasionados por su uso.
Revisión y actualización
Además, en 6 meses, iniciar el procedimiento administrativo necesario para llevar a cabo la revisión y actualización de las Normas Oficiales Mexicanas existentes en materia de plaguicidas, de su competencia, de tal manera que éstas sean acordes a los estándares internacionales especializados.
En seis meses, el Senasica debe hacer un estudio sobre los riesgos asociados al uso y manejo de los plaguicidas y se difunda, e implementar el Programa Nacional de Monitoreo de Residuos de Plaguicidas en Vegetales o algún instrumento similar, en donde se vean reflejados los parámetros necesarios para poder evitar un daño a la salud y/o al medio ambiente, el cual deberá ser de carácter obligatorio en todo el territorio nacional.
En coordinación con la Cofepris, la Seder deberá diseñar, publicar y distribuir un procedimiento para la determinación de los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos, con relación a lo establecido por el Codex Alimentarius. Asimismo deberán impartir un taller de capacitación sobre la debida observancia de la legislación y la normatividad ambiental y sanitaria, dirigido a los servidores públicos adscritos a las unidades administrativas competentes en la gestión de plaguicidas.
Por su parte, en tres meses, la Cofepris deberá proponer al Secretario de Salud el anteproyecto de decreto de modificaciones y adiciones a la LGS, concerniente a la inclusión de la definición del término 155/165 de Plaguicida Altamente Peligroso, así como de su regulación durante todo su ciclo de vida, con disposiciones transitorias que ordenen los ajustes reglamentarios pertinentes.
También deberá hacer las gestiones necesarias a efecto de que, en la revisión de la NOM-232-SSA1-2009, se integren los criterios para poder categorizar a la totalidad de los plaguicidas que contienen sustancias tóxicas prohibidas en tratados internacionales de los que México es parte, conforme a los estándares de máxima protección a la salud y al medio ambiente.
Plazo máximo
“En un plazo máximo de seis meses posteriores a la aceptación de esta recomendación, se identifiquen los permisos o registros sanitarios de plaguicidas vigentes que incluyan sustancias prohibidas conforme a algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, o bien, Plaguicidas Altamente Peligrosos.
“En tres meses, se diseñe y se ponga en marcha un programa de brigadas de salud periódicas calendarizado en las zonas agrícolas del país, para brindar servicios de atención médica a personas con intoxicaciones por el contacto con plaguicidas, que incluya campañas específicas para los grupos vulnerables”.
Finalmente se deberá llevar a cabo una campaña de educación, orientación y concientización sobre el uso responsable y seguro de los plaguicidas, dirigido al sector agrícola.
(Verónica Martínez)