Rolando Bello Paredes
El Congreso del Estado publicó en su portal de Internet el texto íntegro de la Iniciativa del Ejecutivo estatal con la que pretende el crecimiento de la deuda pública de la entidad, cuya lectura amplía la información que siguen sin proporcionar las áreas competentes de administración y finanzas del gobierno estatal 2018-2024.
Por otra parte, y por un decreto ejecutivo de “declaratoria de emergencia con motivo del alto riesgo generado por la pandemia de Covid-19 (coronavirus) en el estado de Yucatán”, se “autorizó” al gobierno de Yucatán “el uso de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, cuyo monto asciende, según el Presupuesto de Egresos 2020, a la cantidad de 21 millones 095 mil 042 pesos (POR ESTO! 27 marzo 2020).
La iniciativa ejecutiva se presenta, para efectos de esta nota, en dos partes: 1). “Ampliación presupuestaria por el Covid-19”; y, 2). Autorización para contratar créditos bancarios “hasta por la cantidad de 1,728 millones de pesos”. Veamos alguna información mínima, contenida en la propuesta ejecutiva:
1). “Ampliación presupuestaria por el Covid-19”.
Que para “solventar los gastos de un denominado “Plan de Contingencia, Protección al Empleo y Reactivación Económica en el Estado de Yucatán (del que no se ha proporcionado información detallada), propone “ejercer y aplicar hasta 1,500 millones de pesos adicionales a las asignaciones originalmente autorizadas” en el Presupuesto de Egresos 2020: a). “Para prestación de servicios de salud”, 500 millones de pesos; y, b). “Desarrollo económico, protección al empleo y protección social”, 1,000 millones de pesos.
Si se trata de recursos “adicionales” a los presupuestados, no se entiende de dónde obtendrá el Ejecutivo estos 1,500 millones de pesos. La iniciativa no lo precisa. Unicamente dice:
a). Que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) llevará a cabo “adecuaciones, modificaciones, ajustes o transferencias presupuestales que sean necesarias”, sin especificar las partidas o capítulos o rubros que, de ser así, se podrían ver afectados por la medida ejecutiva.
b). Que si son insuficientes las adecuaciones presupuestales, “se autoriza al Poder Ejecutivo para incurrir en un balance presupuestario de recursos disponible negativo para el ejercicio fiscal 2020”.
2). Autorización para contratar créditos bancarios “hasta por la cantidad de 1,728 millones de pesos”.
El Ejecutivo pide al Congreso su autorización para contratar un crédito bancario “hasta por la cantidad de 1,728 millones de pesos, cuyo destino sería para “inversiones públicas productivas”, con el objeto de “implementar un programa de obra e inversión contracíclico (la Real academia Española no reconoce la palabreja) para los ejercicios fiscales 2020 y 2021.
Cita algunos rubros del gasto de esta cantidad, por ejemplo: a). “Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con la educación, salud, cultura, deporte, asistencia social o cualquier servicio público como carreteras, vialidades urbanas, drenaje, alcantarillado”; y b). “Creación o ampliación de infraestructura pública relacionada con calles, parques, jardines, espacios abiertos, transporte público”.
Para el pago del crédito, el Ejecutivo afectaría los ingresos o derechos correspondientes del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
El plazo de amortización sería de “hasta veinticinco años”, comprometiendo, al menos, las finanzas estatales de las siguientes cuatro administraciones pública estatales, además de la actual que incrementaría la deuda pública estatal.
La autoridad aún no informa, sin embargo, de otros dos aspectos relevantes: a). El monto del pago mensual de la deuda que se contrataría, y, b). El monto de los intereses que generarían dichos préstamos.
Adicionalmente, convendría se informe a cuánto ascendería el pago total mensual de la deuda estatal, incluido el crédito cuya autorización insta ahora el Ejecutivo al Congreso local, y los pasados préstamos, como el de Yucatán Seguro, y los contraídos por administraciones anteriores.
El Ejecutivo ofrece que por conducto de SAF “incorporaría” en los informes trimestrales de las finanzas públicas “un apartado específico en el que se informe sobre la aplicación y destino de los recursos objeto de la autorización” que pide a los congresistas yucatecos, quienes según informes periodísticos, comenzarán a sesionar hoy sábado 28 (POR ESTO! 27 marzo 2020).
Entre los “anexos” de la referida iniciativa ejecutiva, se encuentra el siguiente dato, inexplicablemente sin actualización: “Total de la Deuda y otros Pasivos, al 31 de diciembre de 2018”: la suma de “4 mil 916 millones 232 mil 850 pesos 52 centavos”.
Una cortesía informativa para los congresistas: El saldo de la deuda pública directa y con garantía, al 31 de diciembre de 2019, asciende a la suma de 4 mil 422 millones 269 mil pesos, según informe de SAF, publicado en el diario oficial de la entidad el 15 de enero último.
La iniciativa contiene un curioso, vaticinador artículo transitorio, el Quinto: “Este decreto fue aprobado por el voto de al menos dos terceras partes de las diputadas y diputados presentes en la sesión respectiva del Congreso del estado”. Sin comentarios.
El Congreso informó que elaboraría la “ruta crítica que seguirá el desahogo de dicha iniciativa, así como el posible calendario de sesiones, tanto las del Pleno del Congreso como las que correspondan a la Comisión Permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal”.
La resolución de esta petición ejecutiva compete al Congreso de la entidad. La sociedad estará atenta a la decisión que prescriban los veinticinco legisladores del PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, y Verde.
Además de esos cuantiosos recursos, el Ejecutivo autorizó, mediante un decreto ejecutivo, el “uso de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres del Estado de Yucatán”, con el propósito de que se “continúe la implementación y operación de las medidas de prevención, seguridad, detección y mitigación de la propagación del Covid-19 (coronavirus), para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población del estado de Yucatán” (ver decreto en Diario Oficial del Gobierno del Estado de fecha 26 de marzo de 2020).
Se trata de la cantidad mínima de 21 millones 095 mil 042 pesos, que según el Presupuesto de Egresos del estado para el ejercicio fiscal de 2020, era el saldo de dicho Fondo al 31 de octubre de 2019, depositada en Bancomer.
Para el año en curso se había dispuesto la cantidad de 3 millones de pesos para incrementar dicho fondo. No se dice si se aportará esta cantidad o ya no, por los limitados recursos públicos estatales para hacer frente a la crisis sanitaria del Coronavirus.
Ad litteram. En las redes:
- “¿Alguien sabe si ya podemos bañarnos o seguimos lavándonos sólo las manos?”.