En el papel, las cifras lucen positivas: la tasa de desempleo nacional cayó a 2.9% en agosto de este año, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que reveló el Inegi en días pasados. Pero en la vida real, lo que se impone es la precariedad. Más de la mitad de los trabajadores en México sobreviven en la informalidad, y Yucatán no es la excepción.
El indicador que preocupa es que más de la mitad de la población ocupada (54.8%) trabaja en la informalidad.
En el agregado urbano de Mérida, el índice es de 43.6%, lo que significa que casi la mitad de los trabajadores de la capital carece de seguridad social. En las comunidades rurales, el problema se agrava: hasta siete de cada diez trabajadores se emplean sin prestaciones.
En la entidad, los tianguis, el comercio ambulante, el trabajo doméstico, los repartidores de plataformas digitales y los oficios de subsistencia en el campo y la costa dibujan la economía real.
Caída del campo y de la construcción
La ENOE revela una pérdida en el país de 524 mil empleos en agricultura y pesca en comparación con 2024. En Yucatán, donde más de 150 mil personas dependen de estas actividades, los efectos se sienten en la producción del campo y en la costa.
La construcción también reporta un retroceso de 105 mil empleos a nivel nacional. En la entidad, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ha señalado que el 2025 arrancó con costos más altos y retrasos en inversión pública.
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Ambos sectores son estratégicos: el campo sostiene la economía de comunidades rurales y la construcción dinamiza el empleo urbano. Su caída golpea directamente a la estabilidad laboral en el estado.
Comercio y transporte: refugio precario
En contraste, el comercio sumó 163 mil empleos y el transporte otros 303 mil. En Yucatán, estas actividades sostienen a miles de familias: desde vendedores de mercados populares en Mérida hasta repartidores en tricimotos en Hunucmá o choferes de plataformas en Valladolid.
Sin embargo, la mayoría opera en la informalidad. En el agregado urbano de Mérida, la informalidad laboral es de 43.6%, lo que significa que casi la mitad de la población ocupada carece de prestaciones. En las zonas rurales, el índice es aún mayor: casi 7 de cada 10 trabajadores.
Jóvenes sin futuro estable
La ENOE detalla que el 35.2% de los desempleados en México son jóvenes de 15 a 24 años. En Yucatán, miles de egresados de universidades privadas y públicas terminan en call centers, en ventas de catálogo o migrando a Cancún y Playa del Carmen.
Otro dato preocupante es que la participación económica de las mujeres bajó de 46% a 45.2%. En Yucatán, ellas se concentran en maquilas, comercio minorista y servicios domésticos. Son sectores con bajos salarios y poca o nula seguridad social.
Para la activista María Isabel Canché, de un colectivo en Umán, “las mujeres no sólo trabajan más, sino que lo hacen sin derechos. Se combina el empleo informal con las labores domésticas y eso precariza su vida”.
Condiciones críticas de ocupación
La ENOE revela que 33.5% de los trabajadores están en condiciones críticas de ocupación, es decir, jornadas extensas con salarios insuficientes o, en el extremo contrario, empleos de pocas horas que no alcanzan para sostener un hogar.
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En Yucatán abundan ejemplos: albañiles que trabajan 50 horas a la semana y reciben apenas dos salarios mínimos; campesinos que siembran maíz o calabaza para autoconsumo; meseros de restaurantes turísticos que dependen más de las propinas que de su sueldo.
El gran reto: empleo digno
Los especialistas coinciden en que el desafío no es sólo generar más empleos, sino empleos de calidad. Si bien las cifras nacionales muestran un descenso en el desempleo, la precarización laboral y la dependencia de la informalidad ponen en riesgo la estabilidad económica.
En Yucatán, con una economía basada en turismo, comercio y construcción, el futuro inmediato dependerá de cómo se reactive la inversión pública y privada, y de qué políticas se implementen para reducir la informalidad.