Las comunidades mayas de Xcucul y Tebec, ubicadas en la zona sur de Mérida, denunciaron ante la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) graves afectaciones provocadas por la operación de minas a cielo abierto, que —afirman— violan sus derechos a la vivienda, a la autodeterminación y a un medio ambiente sano.
Durante una visita a la zona, Karen Hudlet, oficial nacional de la ONU-DH, constató los daños estructurales en viviendas causados por las detonaciones constantes de las empresas mineras, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, que acompaña a las comunidades afectadas.
Los habitantes expresaron su preocupación por el riesgo que enfrentan los niños, pues a menos de 500 metros de una de las minas se ubica una escuela primaria.
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De acuerdo con el centro Utsil Kuxtal, la actividad minera se intensificó con el megaproyecto del Tren Maya, no sólo por la demanda de piedra para los durmientes de la vía férrea, sino también por la extracción destinada a obras complementarias, desarrollos inmobiliarios y nuevas carreteras.
Suspensión provisional
En el caso de Xcucul, los pobladores lograron una suspensión provisional contra una de las empresas, aunque señalaron que otra minera, Proser-Agregados, pretende iniciar operaciones en el ejido de San José Tzal, pese a las inconformidades.
Comunidades de Tebec, Hotzuc, Petecbiltun, Texán Cámara y San José Tzal reiteraron su rechazo a las minas, asegurando que el territorio “ya está saturado de bancos de material pétreo” que destruyen su entorno natural.
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En Tebec, los pobladores identificaron a tres empresas —Mapsa, Procon Grupo Industrial y Materiales Ku— como responsables de daños en viviendas, problemas respiratorios y afectaciones oculares y nasales, debido al polvo calizo y las explosiones diarias.
Ante esto, los pueblos mayas y el Centro Utsil Kuxtal exigieron a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Gobierno del Estado realizar inspecciones inmediatas y clausurar las minas a cielo abierto que, aseguran, están provocando “daños irreversibles” al ambiente y a la salud de los habitantes
