La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya se encuentra en proceso legal para identificar a los responsables de la aplicación de fipronil, un insecticida altamente tóxico que acabó con más de tres millones de abejas en el ejido de Nohalal, en la zona sur de Yucatán, provocando una severa afectación ambiental y social.
José Alberto González Medina, encargado del despacho de Profepa en Yucatán, confirmó en entrevista con POR ESTO! que la dependencia trabaja en la recopilación de pruebas para confirmar responsabilidades. “Todo apunta a que el químico fue aplicado mediante drones, lo que facilitó su dispersión más allá de una sola parcela”, indicó el funcionario, quien se pronunció por primera vez públicamente sobre este caso.
La investigación se realiza en coordinación con la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc), que ha acompañado desde el principio a los apicultores afectados. Se sospecha que el origen del fipronil podría ser plantaciones colindantes, dada la intensa actividad agrícola de la zona.
González Medina reconoció que lo ocurrido en Nohalal no es solo un tema ambiental, sino un problema social. Al menos una decena de familias apicultoras perdió su principal fuente de ingreso. Tan solo en 2024, esa comunidad aportó cerca de 465 mil pesos al estado por concepto de producción de miel.
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“Estamos detrás del caso desde el cambio de uso de suelo y la posible aplicación ilegal del plaguicida. También analizamos cómo se puede apoyar a las familias afectadas a través de otras instancias, ya que la Procuraduría no otorga apoyos directos, pero sí puede exigir la reparación del daño”, explicó.
Impacto social y económico
El daño va más allá del ambiente. Al menos diez familias de apicultores han perdido su principal fuente de ingreso. En 2024, la producción de miel de esta comunidad generó cerca de 465 mil pesos para el estado, cifra que ahora está en riesgo.
González Medina insistió en que, aunque Profepa no otorga apoyos directos, está gestionando la reparación del daño a través de instancias correspondientes.
Estudios recientes del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) confirmaron que el agente tóxico fue el fipronil, clasificado como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP). Su aplicación causó la muerte de más de 300 colmenas en al menos 10 apiarios ubicados a menos de un kilómetro de una parcela de limón persa en el ejido vecino de San Rufino, sitio probable de la fumigación. La sustancia, dispersada desde el aire, alcanzó áreas colindantes, lo que multiplicó el daño.
Apicultores responsabilizan a la empresa Granos y Vegetales de Yucatán, S.P.R. de R.L. de C.V., dedicada al cultivo y exportación de limón persa, cuyas actividades se desarrollan en la zona de influencia directa de los apiarios afectados.
Símbolo de la herencia maya, en peligro
En la Península, donde la miel es símbolo de herencia maya, identidad rural y sustento familiar, la apicultura atraviesa su momento más crítico. Más de 13 mil familias, principalmente campesinas mayas, dependen de esta actividad, que además provee un invaluable servicio ecológico: la polinización.
Las abejas son responsables de fecundar más del 70% de las plantas cultivadas a nivel mundial, incluidas frutas emblemáticas como aguacate, vainilla y melón. Sin embargo, la expansión agrícola intensiva, con cultivos a gran escala de maíz y soya, y la aplicación masiva de plaguicidas han alterado la relación histórica entre campo y colmena.
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En más de 15 municipios de la Península se han detectado al menos 75 tipos de plaguicidas, 27 de ellos altamente tóxicos para las abejas, entre ellos el fipronil y los neonicotinoides, este último prohibido en varios países por su persistencia y neurotoxicidad.
Una muerte silenciosa que se repite
El daño registrado en mayo en Nohalal es apenas un ejemplo del drama ambiental. En solo 48 horas, más de 99 colmenas murieron tras una fumigación con fipronil. “Las abejas estaban bien el día anterior, con miel lista para cosechar, y al siguiente día estaban todas en el suelo”, relató un apicultor bajo condición de anonimato.
En la última década, se estima la muerte de más de 300 mil colmenas en México por efectos directos de plaguicidas, con casos recientes en Hopelchén y otros ejidos del Sureste. La falta de respuestas gubernamentales ha dejado muchos episodios sin investigación ni sanción.
Alarma en la salud comunitaria
Más allá de las abejas, la comunidad humana comienza a sentir los efectos de la contaminación. Vecinos de Nohalal reportan síntomas como ardor en los ojos, náuseas y dolores de cabeza tras las fumigaciones, además de la muerte repentina de animales domésticos. Aunque no hay estudios oficiales que confirmen intoxicación humana, la preocupación crece día a día.
Las familias afectadas no han recibido compensación económica, y los apoyos oficiales se han limitado a capacitaciones y reportes informativos. “Nos quedamos sin nada, toda la cosecha se perdió y nadie responde”, lamentan.
Con resultados toxicológicos ya en manos de abogados, se avanza hacia la presentación formal de denuncias para exigir sanciones, reparación del daño y la clausura de áreas contaminadas.
Llamado a prohibir tóxicos
La Alianza Maya por las Abejas Kabanalo’on, junto con investigadores y organizaciones civiles, demanda a las autoridades federales prohibir definitivamente el uso de fipronil y neonicotinoides, implementar mecanismos reales de prevención y atención, y frenar el avance descontrolado de la frontera agroindustrial que destruye ecosistemas vitales.
Lejos de pedir caridad, los apicultores exigen respeto por su trabajo y condiciones para continuar una tradición que ha alimentado generaciones y preservado la riqueza natural del Sureste.