La devastación de la selva por la comunidad de menonitas es 10 veces más grande que la zona de asentamiento urbano en Bacalar, de acuerdo con el Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar. Datos de Global Forest Watch indican que entre 2014 y 2023 se han perdido alrededor de 52 mil hectáreas en ese municipio, con una afectación especialmente grave en asentamientos como El Bajío y Salamanca, donde se ha concentrado el crecimiento de los extranjeros.
Mientras que el reporte “Evaluación de la deforestación en la Península de Yucatán, período 2019 a 2023”, realizado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), precisa que los principales impulsores de la deforestación en esta zona son las industrias extractivas como la agroindustria, la ganadería extensiva, las mega granjas de cerdos y aves, la expansión de la industria turística e inmobiliaria, los parques de generación de energías renovables, así como los megaproyectos de infraestructura como el Tren Maya y sus obras complementarias.
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Desde el año 2023, el CCMSS solicitó la intervención de autoridades ambientales para detener la deforestación en Bacalar, donde unas 52 mil hectáreas se habían dañado, la mayoría, por las personas de la referida comunidad.
El mismo organismo civil considera que a este tipo de deforestación se suman las seis mil hectáreas de selva que deforestaron para construir el ferrocarril, sólo en Quintana Roo, donde se practica aquello de que “es más barato pedir perdón que pedir permiso” en materia ambiental.
Autoridades municipales en Bacalar reiteraron su llamado para atender la creciente pérdida de áreas verdes causada por la expansión de asentamientos menonitas en la región. Destaca que, aunque esta problemática ha sido señalada anteriormente, es necesario reforzar las acciones de prevención y regulación para frenar la pérdida.
La expansión de estas comunidades ha derivado en la tala inmoderada de grandes extensiones de tierra, lo que ha generado un impacto ambiental significativo en el municipio.
Para abordar esta situación pretenden establecer una coordinación más estricta con los comisariados ejidales y evitar la venta masiva de tierras a los menonitas.
De acuerdo con la autoridad municipal, estos grupos suelen incumplir los lineamientos de tala y uso de suelo. La autoridad enfatizó que muchas de las hectáreas adquiridas por estas comunidades son destinadas a cultivos como el chile, sorgo y soya, actividades que han ido desplazando la vegetación nativa y afectando el equilibrio ecológico.
Uno de los principales problemas señalados es que, una vez que los menonitas arrasan con la selva, sin contar con permisos adecuados, convierten estos espacios en zonas de uso agroindustrial.
Desde su llegada a principios de la década de los 2000, la expansión de estos campos ha sido constante, y en años recientes se ha diversificado hacia actividades comerciales como la fabricación de maquinaria y productos metálicos, lo que ha incrementado aún más la presión sobre los ecosistemas locales.
Las autoridades han detectado múltiples prácticas dañinas dentro de estos asentamientos, incluyendo el uso indiscriminado de pesticidas y plaguicidas, así como la quema de vegetación a gran escala.
Pese a que en varias ocasiones se han aplicado multas a las comunidades por estas actividades, dichas sanciones no han sido suficientes para detener la destrucción de la selva en Bacalar. Por ello, se están explorando nuevas estrategias para fortalecer el control y reducir la expansión de cultivos irregulares.
Alistan investigaciones
Luego de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, las autoridades del Gobierno estatal dieron a conocer que continuarán las investigaciones en los predios que pertenecen a la comunidad menonita en el sur de Quintana Roo, para asegurarse de que no sigan realizando cambios de uso de suelo de manera ilegal.
Recientemente, en Othón P. Blanco y José María Morelos se detectó que en las comunidades Juan Sarabia y Piedras Negras, talaron y quemaron terrenos para realizar el cambio de uso de suelo y volverlos aptos para la siembra, sin embargo, no cuentan con los permisos de las autoridades correspondientes, por lo que fueron clausurados.
En esos casos, el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y del Ejército Mexicano, fueron quienes detectaron las modificaciones de más de 10 hectáreas, lo cual implica la muerte de la vegetación nativa.
Al respecto, la gobernadora Mara Lezama expresó: “se están haciendo las investigaciones, no quisiéramos que se esté sembrando maíz transgénico; tiene que ver con el medio ambiente, pero también con la agricultura, son muchas aristas las que se tocan con este tema”. Aseguró que el Gobierno federal participa en la resolución de este problema mediante diferentes dependencias.
Dijo que llevarán a cabo investigaciones en Salamanca, la cual pertenece a Othón P. Blanco, debido a que detectaron un crecimiento exponencial de las actividades de tala y monocultivo desde el 2003, las cuales actualmente tienen una extensión de 15 kilómetros.
La Mandataria indicó que la problemática está relacionada con el tema de seguridad, por lo que es más complejo de lo que parece, así que deben tomar cartas en el asunto y frenarla lo antes posible.
Impacto en Nohalal
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente un predio en el ejido Nohalal, perteneciente al municipio Tekax, Yucatán, tras detectar un cambio de uso de suelo ilegal que ha resultado en la devastación del 80% de una superficie de 49.5 hectáreas, presuntamente a manos de la comunidad menonita. Esto equivale a la destrucción de 39.6 hectáreas de selva nativa.
