La violencia vicaria y económica —esa que rompe infancias, agota emocionalmente a las madres y las deja solas frente a tribunales sordos— sigue vigente y sin respuesta en Yucatán. Así lo documentó la colectiva Ley Sabina, al presentar su informe semestral de actividades, con cifras alarmantes: 2 mil 572 mujeres atendidas desde su creación, 57 casos activos en seguimiento legal y una constante: el 99.85% de los deudores alimentarios son hombres.
“No se trata sólo de un problema económico, es también una forma de violencia sistemática que el Estado permite”, denunció en entrevista con POR ESTO! Siloé Fuentes, representante de la organización. Acompañada de mujeres afectadas, activistas y abogadas feministas, reveló que muchas de las víctimas enfrentan años de abandono institucional, decisiones judiciales contradictorias y una impunidad estructural que protege a los agresores.
“Las mujeres víctimas de deuda alimentaria somos la antesala de la sustracción de menores”, explicó. Según la colectiva, el impago de la pensión muchas veces precede al arrebato forzado de niñas y niños, lo que a su vez genera una ruptura de vínculos afectivos, pérdida del hogar y graves consecuencias psicológicas en los menores. “Aunque haya una revinculación posterior, el daño ya es irreversible”, lamentó.
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Omisión institucional
El pasado 2 de julio, Ley Sabina se reunió con Marielí Farfán Flores, consejera presidenta de la Comisión de Desarrollo Institucional del Cejom, quien se comprometió a revisar personalmente los expedientes de violencia vicaria y canalizar casos penales al abogado Nigel, miembro del consejo. La reunión fue precedida por una movilización frente al Poder Judicial, donde las activistas denunciaron malos tratos, ignorancia judicial y arbitrariedad por parte de jueces y juezas.
“Tenemos testimonios de jueces que minimizan la deuda alimentaria, que revictimizan a las madres y que incluso avalan la sustracción de menores disfrazada de convivencia”, expuso Fuentes.
Las mujeres, dijo, no sólo deben litigar para obtener lo que legalmente les corresponde, sino también resistir el estigma y el desgaste emocional de enfrentar un sistema que las desprotege.
Propuestas legislativas
En medio de este panorama, la colectiva ha impulsado una serie de propuestas de reforma al marco legal estatal, que serán presentadas el próximo 24 de julio ante el Congreso del Estado. Entre ellas destacan:
Reducir de 90 a 45 días el plazo para ingresar al padrón de deudores alimentarios. Automatizar dicho ingreso, sin depender de la discrecionalidad del juez. Garantizar la gratuidad de pruebas de ADN solicitadas por las madres, con pago posterior del padre. Reabrir el padrón público de deudores y fortalecer el sistema Renoa.
Asimismo, propone que el juez autorice las salidas del país de menores, para evitar bloqueos por parte del deudor. Tipificar como delito grave el abandono durante el embarazo, una vez que el padre es informado de la gestación y considerar delito grave el abandono de infancias por deuda alimentaria.