El Gobierno de Yucatán trabaja en dos proyectos clave que, de concretarse en las próximas semanas, impactarán directamente en el futuro laboral de miles de trabajadores estatales y en el modelo de transparencia con que la ciudadanía ejerce su derecho a la información pública.
Se trata de la reforma al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) y de la creación de un nuevo ente de transparencia que sustituirá al actual Inaip.
El consejero jurídico del Estado, Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, explicó que la reforma a la ley del Isstey busca corregir las deficiencias de la modificación aprobada en 2022, la cual fue parcialmente invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras diversas impugnaciones sindicales y ciudadanas.
La propuesta incorpora un giro humanista: eliminar el límite de edad para acceder a la jubilación. De aprobarse, los hombres podrán retirarse con 30 años de servicio y las mujeres con 28, sin importar su edad. Esto supone un regreso a un esquema más flexible y justo para los trabajadores, en contraste con la rigidez que se había impuesto en la reforma anterior.
Otro punto relevante es la suspensión del aumento progresivo en las aportaciones obligatorias. Dicho incremento se había fijado hasta llegar al 12.5% en los próximos años, lo que representaba una carga creciente para los empleados estatales. La nueva iniciativa congela la tasa en 9% durante toda la administración, lo que da un respiro financiero a las familias que dependen de esos salarios.
Además, se establece un candado para garantizar que los recursos de los trabajadores no sean invertidos en fondos de alto riesgo. En adelante, deberán manejarse únicamente en instrumentos financieros autorizados, con criterios de seguridad y transparencia que minimicen cualquier posibilidad de pérdida.
Este proyecto se construye en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas y la dirección general del Isstey, con la intención de presentarlo al Congreso estatal el próximo mes de septiembre, aunque no se descarta que llegue antes al pleno.
Transformación del modelo de información
En paralelo, la administración estatal prepara un cambio profundo en materia de acceso a la información. El actual Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) dejará de existir para dar paso a un nuevo organismo: Transparencia para el Pueblo de Yucatán.
De acuerdo con Alemañy, esta decisión responde a una estrategia de simplificación administrativa y austeridad, en sintonía con las políticas impulsadas desde el Gobierno federal.
El nuevo instituto será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y mantendrá como funciones principales garantizar el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en dependencias del Ejecutivo, municipios y órganos autónomos.
Actualmente, se lleva a cabo una mesa de transición integrada por dependencias estatales y los propios comisionados del Inaip, quienes revisan contratos, pasivos, bases de datos y resoluciones. El objetivo es que el cambio de un organismo a otro sea lo más terso posible y sin afectaciones para la ciudadanía.
Una estructura más austera
Uno de los cambios más drásticos será la desaparición de la figura de los tres comisionados y del secretario ejecutivo. Todo el mando quedará concentrado en una dirección general, lo que reducirá de manera significativa la burocracia y el gasto operativo.
El Inaip opera actualmente con un presupuesto de 27 millones de pesos. Bajo el nuevo esquema, esa cifra se reducirá: una parte se destinará al funcionamiento del nuevo organismo y otra a cubrir pasivos acumulados. Lo que sobre será reasignado a otras prioridades del Gobierno estatal, con la promesa de que los trabajadores mantendrán sus derechos laborales y prestaciones.
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En cuanto a la infraestructura, se prevé conservar el edificio del Inaip en la colonia García Ginerés, donde seguirá funcionando el personal operativo para atender directamente a los ciudadanos. La intención es que el acceso a la información no se vea limitado y que los trámites continúen en condiciones accesibles.
Un doble objetivo
Con estas iniciativas, el Gobierno del estado plantea dos metas de alto impacto social: devolver la certidumbre a los trabajadores del Isstey y garantizar que los recursos públicos destinados a pensiones se administren con seguridad, al mismo tiempo que se construye un nuevo modelo de transparencia, menos costoso y más eficiente.
De aprobarse ambas reformas, Yucatán se convertiría en uno de los primeros estados en replantear de fondo su política de acceso a la información, al tiempo que corrige los efectos de una reforma fallida en materia de seguridad social.
Se espera que en los próximos días el Ejecutivo formalice el calendario legislativo para que estos proyectos lleguen al Congreso estatal, donde requerirán el consenso de las distintas fuerzas políticas.