En los primeros días de agosto será nombrada la persona que encabezará el nuevo organismo garante de la transparencia en Yucatán, confirmó el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Gaspar Alemañy Ortiz. Este nuevo ente sustituirá de forma definitiva al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip), que quedará oficialmente extinto.
De acuerdo con Alemañy Ortiz, en esa misma semana se publicará en el Diario Oficial del Estado el decreto que da vigencia a la nueva ley reglamentaria, que establece el funcionamiento de la nueva institución encargada de garantizar el derecho de acceso a la información en la entidad. Esta figura estará bajo la dirección del Ejecutivo estatal y su titular será designado directamente por el Gobernador.
“La intención no es fomentar la opacidad, sino fortalecer la transparencia bajo una estructura diferente. Se garantizará a la ciudadanía su derecho a saber”, sostuvo el funcionario.
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Con la entrada en vigor del nuevo marco legal, los tres comisionados del Inaip, así como sus órganos colegiados, cesarán en sus funciones. Iniciará entonces una etapa de transición hacia una entidad con otro modelo de operación y mayor control desde el Ejecutivo, lo que ha generado preocupación entre especialistas y exfuncionarios sobre la posible pérdida de autonomía en la vigilancia del acceso a la información pública.
Ante esto, Alemañy Ortiz aseguró que no se desaprovechará el capital humano que el Inaip ha formado durante años. Explicó que se revisarán los perfiles y trayectorias del personal para conservar a quienes cuenten con experiencia comprobada. “La plantilla actual del Inaip está conformada por más de 40 personas, y la idea es rescatar a la mayoría para no empezar desde cero”, declaró.
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No obstante, cifras oficiales indican que el organismo en proceso de disolución cuenta con 58 servidores públicos. Así lo precisó en su momento la comisionada presidenta del Inaip, María Gilda Segovia Chab, quien también alertó sobre temas pendientes que aún no tienen resolución, como los pasivos laborales y financieros que dejará el Instituto.
Entre los compromisos sin solventar se encuentran adeudos relacionados con el presupuesto anual asignado, pagos pendientes por la renta de dos inmuebles, mantenimiento de vehículos oficiales y asuntos laborales que deberán resolverse antes del cierre definitivo del organismo.
Con este proceso, Yucatán se convierte en una de las primeras entidades del país en transformar su modelo de transparencia bajo control directo del Ejecutivo, en medio del debate sobre los contrapesos institucionales y la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas.
