Gaspar Alemañy Ortiz, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, indicó que se apunta a una transición para que el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip) Yucatán le dé paso a un nuevo organismo rector en temas de transparencia.
Se trata de la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que se anunció desde el Gobierno Federal a finales del 2024, como parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para esto se debe presentar la iniciativa correspondiente al Congreso del Estado. “Son varias leyes que impacta este proyecto”, expuso, por lo que dichas iniciativas se dividirían en dos etapas.
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“Primero es presentar la iniciativa de la reforma constitucional para ver cómo se va a llevar, si harán algunas adecuaciones los diputados, y se establecen los transitorios para el proceso de liquidación (del Inaip)”, explicó.
Después se presentarán las leyes secundarias, entre ellas la Ley de Transparencia y Resguardo de Datos Personales y el Código de la Administración Pública, del cual se creará nueva la secretaria. “Esto sería dos semanas después de que presentemos la (reforma) constitucional”.
El funcionario reveló que ya tuvo reuniones con la comisionada presidenta del Inaip (Gilda Segovia Chab) y los demás comisionados sobre el relevo que habrá en materia de transparencia. “Ellos me piden un lapso aproximado de tres meses (para completar la transición)”.
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Lo anterior para consultar sus estados financieros, si tienen pasivos laborales contingentes, así como efectuar el traslado de su software al Ejecutivo y dejar en orden su registro de resoluciones.
“Hay buena disposición de ellos”, compartió Alemañy Ortiz, quien dijo que la intención es mantener la mayor parte de la plantilla laboral del Inaip, pues tienen la experiencia y la capacitación en temas de transparencia y cuidado de datos personales.
Lo que sí dejó claro es que el cargo de comisionado no figurará en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que apunta a una reestructura.
En ese sentido, enfatizó que no se busca limitar el derecho a la información, sino agilizar procesos, reducir la burocracia y evitar conflictos de interés.
