Por décadas, la expansión acelerada de la industria porcícola en Yucatán ha sido presentada como motor económico, generador de empleos y pieza clave para que el estado se colocara en el mapa mundial como productor de carne. Sin embargo, detrás de ese discurso de éxito se esconde un escenario alarmante: contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, debilitamiento de la milpa y fractura del tejido comunitario en decenas de poblaciones mayas.
La clausura esta semana de la granja en Santa María Chi por parte de la Profepa encendió un debate que trasciende a esa comunidad. No se trata de un caso aislado, sino de un modelo productivo que ha rebasado los límites ambientales y sociales de la Península.
Una expansión fuera de control
Según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en 2023 se identificaron 507 granjas porcinas en Yucatán. Sin embargo, investigaciones de la organización Mercy For Animals elevaron la cifra a 872 instalaciones, tras detectar con drones 372 granjas que no aparecían en los registros oficiales.
La magnitud de este crecimiento es contundente: Yucatán concentra al menos 1.6 millones de cerdos y más de 38 millones de aves de corral, cifras que colocan al estado en el tercer lugar nacional en ambas categorías. Esta densidad animal rebasa la capacidad de regeneración de los ecosistemas locales.
Un ejemplo claro está en los municipios de Muna, Conkal y Cacalchén, donde la densidad es de dos cerdos por hectárea, es decir, más animales que personas, según reconoció la propia Semarnat.
Cenotes en riesgo
El impacto más grave se concentra en el agua subterránea. Estudios de la UNAM y de la Semarnat detectaron en cenotes cercanos a granjas porcinas altas concentraciones de fósforo y nitrógeno amoniacal, indicadores de contaminación por heces.
La Convención Ramsar, que protege humedales de importancia internacional, ha identificado ocho sitios en Yucatán bajo resguardo; cinco de ellos están hoy en riesgo por la operación de granjas industriales en sus alrededores.
“Los sistemas de tratamiento actuales no cumplen con la normatividad actualizada, y muchos fueron instalados bajo normas obsoletas de 1996”, admitió la titular de la Semarnat, María Luisa Albores.
Comunidades en resistencia
Sitilpech, Homún, Kinchil, Chapab, Panabá y Santa María Chi son sólo algunos de los nombres que hoy encabezan la resistencia. Poblaciones mayas que, entre protestas, denuncias y amparos, buscan frenar un modelo que ha deteriorado su derecho a un ambiente sano.
De acuerdo con Greenpeace, el 86% de las granjas porcinas de la Península están en territorios indígenas mayas, cuyos habitantes sufren contaminación del agua, malos olores, enfermedades y pérdida de cultivos básicos de la milpa, como maíz y calabaza.
El impacto no se limita al medio ambiente: también ha debilitado la crianza tradicional de cerdos en traspatio, una práctica cultural y económica que poco a poco desaparece, desplazada por la lógica de las grandes corporaciones.
Las empresas detrás del modelo
El rostro más visible es Kekén, empresa insignia del Grupo Kuo y una de las 20 productoras de carne de cerdo más grandes del mundo. Reconoce 53 granjas propias y más de 100 operadas bajo esquemas de aparcería.
Otras firmas como Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), Agroindustrias Moba y GAL Porcícola también expanden su huella en el estado. La fuerza de estas empresas no radica sólo en su volumen de producción, sino también en el apoyo político y económico que reciben. Eso les permite diluir responsabilidades ambientales y mantener un modelo que sigue creciendo, pese a las evidencias de contaminación y deterioro social.
¿Qué sigue para Yucatán?
La clausura de Santa María Chi es apenas un punto de inflexión. Las comunidades insisten: no habrá victoria real hasta que se retiren los animales, se desmantele la infraestructura y se repare el daño ambiental.
Mientras tanto, la discusión se abre camino en Yucatán: ¿es posible mantener la importancia económica de la industria porcícola sin hipotecar el agua, la selva y la salud de las comunidades mayas? La respuesta marcará el futuro ambiental y social del estado en los próximos años.