El agua subterránea de Yucatán, históricamente considerada uno de los recursos más limpios y seguros de la Península, enfrenta hoy una amenaza que compromete la salud, la vida cotidiana y el futuro de cientos de comunidades. Según estudios recientes del Consejo Ciudadano del Agua, nueve de cada 10 litros del subsuelo presentan contaminación por heces fecales, derivada principalmente de la filtración de desechos de granjas porcícolas asentadas sobre el Anillo de Cenotes, un sistema de canales subterráneos que conecta ríos, pozos y cenotes en toda la región.
Cuauhtémoc Jacobo Fermat, representante del Consejo, explica que en 80 de los 106 municipios del estado, donde operan más de 500 granjas sin regulación, la situación es crítica. “Tres municipios concentran la mayor cantidad de instalaciones: Conkal (27), Telchac (22) y Homún (15 granjas), la mayoría pertenecientes al grupo Kekén. La cercanía de estas plantas con el subsuelo ha convertido a estas zonas en verdaderos sumideros de contaminación”, asegura.
En localidades como Tizimín, la presión sobre el agua es doble: además de las granjas, una empresa privada extrae 30 millones de metros cúbicos de agua al año, suficiente para llenar 50 millones de tinacos de 600 litros, según datos de Conagua. Esta sobreexplotación ha contribuido a que, en los últimos 20 años, la disponibilidad de agua por persona en la península se reduzca en un 64%, pasando de 5.7 millones de metros cúbicos en 2003 a solo 2 millones en 2023.
Comunidades al límite
En Santa María Chi, los habitantes han dejado de usar el agua de los pozos para actividades básicas como lavar ropa o cocinar. “Ya no podemos beberla ni usarla para los niños. Solo nos queda comprar agua embotellada, y eso no alcanza para todos”, relata María López, madre de tres hijos. Situaciones similares se viven en Umán, Izamal, Ticul y Sitilpech, donde los pozos locales muestran altos niveles de nitrógeno, fósforo, coliformes fecales y metales pesados, incluyendo plomo, mercurio, arsénico y níquel, según estudios de la organización ambientalista Greenpeace.
En Sitilpech, los efectos sobre la salud son evidentes: manchas en la piel, irritaciones, e incluso casos de cáncer han sido vinculados a la contaminación del agua. “La gente ya no confía en los pozos; cada día tememos que los niños se enfermen por beber agua de aquí”, advierte Juan Chan, agricultor local.
Granjas y manto freático en conflicto
El problema se agrava por la ubicación de la mayoría de las granjas en zonas costeras, donde los mantos freáticos están a apenas un metro de profundidad. La falta de monitoreo ambiental y la escasa exigencia de estudios de impacto ambiental agravan la crisis: de más de 500 granjas, solo 14 contaban con estos estudios en 2022.
Además de la contaminación del agua, el maltrato animal es evidente. La organización Mercy for Animals documentó que lechones y cerdas madres viven en condiciones extremas de hacinamiento, con heridas visibles y confinamiento en jaulas tan pequeñas que no pueden moverse. “Un cerdo adulto produce hasta diez veces más excremento que un humano. Antes esta agua era potable; hoy puede causar enfermedades”, denuncia Felipe Lans, gerente de voluntariado de la organización.
Las granjas del Grupo Kekén y Grupo Fogisa presentan saturación en fosas sépticas, lo que provoca que los desechos se filtren al subsuelo, aumentando el riesgo sanitario de la población. La organización propone declarar una Misión Ramsar para frenar la expansión de granjas industriales y fomentar dietas basadas en plantas, con menor impacto ambiental y también menos sufrimiento animal.
Un derecho humano
Jacobo Fermat alerta: “La instalación de granjas porcinas y avícolas ha violado sistemáticamente el derecho humano al agua. Las autoridades locales y federales deben exigir el cumplimiento de la normatividad ambiental y proteger a las comunidades. La gente no puede seguir siendo víctima de intereses económicos”.
En comunidades afectadas, la vida cotidiana se ha transformado. Los habitantes de Sitilpech, por ejemplo, organizan turnos para comprar agua potable y utilizan filtros improvisados para el consumo doméstico. Las escuelas y centros de salud dependen de cisternas que reciben agua traída de otros municipios, y las actividades agrícolas y pecuarias locales se ven limitadas por la calidad del agua disponible.
La crisis hídrica de Yucatán refleja la urgencia de acciones concretas: preservar la salud, garantizar el derecho al agua y proteger los ecosistemas del anillo de cenotes.
La decisión es clara para la población de la entidad: salvar su agua y su gente o continuar con una explotación insostenible.